El tratamiento de los delitos contra la administración pública, cada vez más, tiene un análisis riguroso tanto en su aplicación como en su procesamiento, y en este último aspecto, el aseguramiento preventivo del funcionario imputado también es objeto de constantes pronunciamientos judiciales, que han llamado la atención como consecuencia de las investigaciones contra los más altos dignatarios del Estado. 

Si ya es problemático el procesamiento de funcionarios públicos, lo es mucho más la imposición de la medida provisional que afecta más gravemente la libertad personal: la prisión preventiva. En la presente obra, 15 destacados especialistas en derecho penal y procesal penal buscan fijar algunas pautas para la aplicación de la prisión preventiva en los delitos contra la administración pública, pues evidentemente las condiciones de un funcionario público y un particular son distintas. 

Así, se aborda las particularidades, los presupuestos, la prolongación y la valoración de la prueba de la prisión preventiva en los delitos de corrupción. 

Sin embargo, el análisis no se agota en la descripción o explicación, sino que además se indica los principales problemas de la prisión preventiva en estos supuestos tan particulares y, sobre todo, se brindan propuestas de solución.