El incremento y la evolución de la criminalidad organizada ha transformado todo el marco legal y jurisprudencial de la prisión preventiva. 

Existen nuevas disposiciones legales (por ejemplo, la que considera la pertenencia a una organización criminal como circunstancia a tener en cuenta para calificar el peligro de fuga o para justificar un mayor plazo de la prisión preventiva), casaciones y acuerdos plenarios emitidos por la Corte Suprema. 

Por ello, combinando el estudio de la doctrina, la jurisprudencia y su propia experiencia como coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, el autor explica y trata de fijar cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para la aplicación de esta medida de coerción procesal en los casos de criminalidad organizada.