El COVID-19 constituye, en cierta medida, un hecho imprevisible e irresistible por parte de las personas contratantes, lo que ha determinado precisamente situaciones de caso fortuito o fuera mayor en el incumplimiento de las obligaciones previamente acordadas por las partes.

Frente a esta situación, las empresas han tenido que asumir gastos y desembolsos que inicialmente no estaban previstos, por lo que han perdido su capacidad de ahorro, al igual que clientes y proveedores, disminuyendo en cierto modo su capacidad operativa.

Para poder sobrellevar esta difícil situación, muchas empresas se han reinventado, ya sea cambiando de giro de negocio, migrando a las plataformas virtuales para prestar sus servicios de manera digital sin necesidad de presencia física, reduciendo el espacio ocupado inicialmente por el negocio, entre otras consideraciones.

Sin embargo, ello también ha permitido que las empresas busquen adaptarse al cambio —sobre todo al flexibilizar sus procedimientos y encontrar diversas soluciones, frente al entorno de dificultades que atraviesan actualmente—. Es decir, han tenido que encontrar una oportunidad frente a una adversidad, lo que reforzaría de un mejor modo, la posibilidad de seguir operando y contar con los recursos necesarios para que el negocio siga en marcha, evitando así cualquier

amenaza de una posible liquidación.