Mientras escribo estas líneas existen etapas intermedias que llevan meses, en algunos casos, más de un año de duración. Algo anda mal. La etapa llamada a ser un filtro vital de juicios orales innecesarios se está convirtiendo en un problema central en el ámbito del plazo razonable de duración del proceso penal. No tengo dudas de que la eficiencia y el correcto y, por qué no, ágil funcionamiento de esta etapa depende del cabal y adecuado conocimiento de su función, de sus instituciones, del procedimiento establecido para su desarrollo.

Es, creo, la única forma que tenemos los académicos para seguir contribuyendo al sistema. Insistir en el desarrollo dogmático, plantear más preguntas que respuestas, seguir propiciando un debate que permita el desarrollo de las ideas, sobre todo a nivel jurisprudencial, que es donde se sientan las bases del desarrollo de las instituciones jurídicas. El mejor camino para evitar la dilación, el formalismo, la repetición y la ineficiencia es intentar entender las bases del sistema, la verdadera noción de las instituciones y el sentido que debe asignarse a las normas de nuestro proceso penal. La ignorancia es siempre un obstáculo, el conocimiento un recurso.