En una sociedad sumida en una cotidiana violencia estructural, así como en el cáncer de la corrupción, el proceso penal asume un protagonismo principal ante el fracaso del modelo político criminal vigente. Esto lo decimos y afirmamos, en la medida que la política criminal debe propiciar mayores efectos preventivos que represivos; entonces ante la ineficacia preventiva del mismo, la atención se centra y focaliza en la persecución penal, la cual toma lugar una vez que se perpetró el hecho punible y así llega a conocimiento de los órganos estatales encargados de investigar y perseguir a todos aquellos, que con cierto grado de sospecha plausiblemente objetiva se les sindica como autores y/o partícipes de los actos de mayor grado de reprobación jurídica y social, esto es, de un verdadero "injusto penal".

La presente monografía se dirige a un estudio minucioso del proceso "inmediato", en cuanto a sus presupuestos de aplicación, visto desde su legalidad, como del análisis doctrinal y jurisprudencial, de vital relevancia en orden a cautelar una interpretación normativa ajustada a los fines político criminales que inspiran la vigencia del mismo.

Asimismo, se da cuenta de un análisis dogmático de las figuras delictivas aplicables al proceso inmediato, de relevancia para definir los aspectos probatorios que deben sustentar su legal acriminación por parte de la fiscalía17. A ello se suman lineamientos jurisprudenciales emitidos por la Corte Suprema sobre el proceso inmediato, dando cuenta de aplicaciones de este proceso por parte de los operadores jurídicos que no se condicen con su real naturaleza jurídica.