Durante la pandemia de COVID-19, los delitos contra la administración pública se han elevado en el Perú.

Servidores y funcionarios públicos de todas las categorías, y aun particulares, han atentado contra el correcto funcionamiento de la administración pública mediante conductas como el cohecho, la colusión, el peculado, la violencia y resistencia contra la autoridad, la usurpación de títulos, entre otras.

Esto se aúna a una problemática que venimos arrastrando desde nuestros inicios como República y que obstaculiza un verdadero desarrollo del país: la deslegitimación de nuestras instituciones.

La presente obra recoge los problemas de interpretación en los delitos contra la administración pública más recurrentes y las soluciones diversas que se han dado al respecto.

Se ha privilegiado la casuística, el análisis de los pronunciamientos de la Corte Suprema como órgano de unificación de la jurisprudencia nacional, desde los precedentes vinculantes hasta las reiteradas ejecutorias que han construido la doctrina jurisprudencial.

Como estos delitos no son propios de nuestro país, el autor echa mano de la legislación comparada para contrastar los aciertos y vicios de nuestra tipificación.