El contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal —legitimado para intervenir en la actividad probatoria— a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios de prueba aportados por él al proceso, con el objetivo de acreditar los hechos que configuran sus pretensiones o su defensa. Por tratarse de un instrumento que se materializa dentro de un proceso, su contenido está delimitado por una serie de principios, entre los cuales pueden mencionarse: el principio de pertinencia, de idoneidad, de utilidad, de licitud, de contradicción, de debida valoración, entre otras dimensiones que garantizan la actividad probatoria y la formación del torrente probatorio.

La importancia que representa la prueba en el proceso penal —y, por supuesto, en las demás materias de litigio— es evidente. En el campo penal, se ha puesto especial énfasis al desarrollo de esta temática por una sencilla razón: compromete derechos fundamentales —como “la libertad”—; motivo suficiente para realizar estudios pormenorizados acerca del estándar de la prueba, la evaluación de la misma, entre otros

puntos de gran relevancia para el manejo y administración de la prueba en el proceso penal.

Asimismo, el estudio realizado en este libro sobre la prueba penal no ha sido ajeno a lo señalado por la jurisprudencia nacional sobre las decisiones relacionadas con la actividad probatoria, tanto en primera como en segunda instancia; por lo que se han seleccionado algunas sentencias que deberán ser tomadas en cuenta para mayor entendimiento y claridad del tema.