Si repasamos cómo se determinaron las responsabilidades históricamente en el ámbito de las contrataciones del Estado, comprobaremos que la Ley N.º 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, quebró por primera vez la filosofía de la “responsabilidad compartida”, mantenida hasta entonces por las diversas disposiciones legales aplicables a las adquisiciones y contrataciones del Estado. Así, con el artículo 5 de la Ley N.º 26850 se reguló, en el ámbito de las contrataciones del Estado, la determinación de las responsabilidades por ejercicio de la competencia.

De una u otra forma, esta normativa ha permanecido a través de todas las modificaciones y nuevas disposiciones legales que norman el proceso de contratación de las entidades del sector público. La Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece, en resumen, que los funcionarios y servidores son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen; y, de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Como vemos, aun cuando parezca sutil, la ley, en su artículo 9 sobre responsabilidades esenciales, mantiene la determinación de la responsabilidad por el ejercicio de la competencia. Por ello, contundentemente establece que “los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad […] son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen […]”. Ahora bien, solo cabe esperar que quienes ejercen el control y autoridades que califican los hechos punibles sepan determinar la responsabilidad por el ejercicio de la competencia proscribiendo la “filosofía de la responsabilidad compartida”.