Los comportamientos de acoso y de chantaje sexual son, sin duda, comportamientos que afectan la libertad de las víctimas en diversas dimensiones y, por ello, generan rechazo social. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado a este problema social? Primariamente, como lo demuestran diversos estudios, su regulación y su tratamiento deben estar en ámbitos ajenos al derecho penal. Esto a efectos de lograr, con eficacia, la tan deseada prevención del comportamiento ilícito. Aquí, las sanciones laborales, las sanciones administrativas y las sanciones comunitarias tienen mayor eficacia. Pero ¿también debe recurrirse al derecho penal? En los últimos años, este problema ha sido intensamente discutido en el Perú. En el 2018, el legislador, vía el D. Leg. N.° 1410, decidió regular penalmente este ámbito incorporando al Código Penal el delito de acoso (art. 151-A), el de acoso sexual (art. 176-B), el de chantaje sexual (art. 176-C) y el de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual (art. 154-B). Esto con la finalidad expresa de garantizar una lucha eficaz contra las diversas modalidades de violencia que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida.