Mediante el Decreto Legislativo N.º 1743, el Poder Ejecutivo modificó el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal.

Dicha modificación establece que la racionalidad de la legítima defensa se presume, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario. Asimismo, dispone que la racionalidad de la actuación defensiva debe valorarse desde la perspectiva de quien ejerció la defensa y en atención a las circunstancias concurrentes al momento de los hechos.

Por otro lado, toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad de la legítima defensa deberá contener una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Esta regla resulta aplicable también a los procesos que se encuentren en trámite.

Finalmente, cuando se investigue la posible concurrencia de una causa de legítima defensa, el fiscal deberá pronunciarse de manera definitiva sobre su procedencia. De verificarse la concurrencia de los requisitos legales correspondientes, dispondrá el archivo de la denuncia sin formalizar investigación preliminar.