Nuevamente en uso de las facultades legislativas aprobadas por el Congreso hace poco más de dos semanas, el gobierno de Keiko Fujimori promulgó dos decretos legislativos vinculados a la inseguridad ciudadana y que modifican las reglas de legítima defensa y amplían las herramientas penales y procesales contra la extorsión.

Las medidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros bajo las facultades legislativas que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Los decretos deberán comunicarse al Senado.

Presunción de legítima defensa

El decreto legislativo 1743 hace un cambio e incorpora expresamente el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, para defender bienes jurídicos propios o de terceros. La racionalidad deberá evaluarse desde la perspectiva de la persona agredida y de las circunstancias existentes en el momento de los hechos.

Para esa valoración no se aplicará el criterio de proporcionalidad de medios. En su lugar, se deberán considerar la intensidad y peligrosidad de la agresión, la manera de actuar del atacante, los medios disponibles para la defensa y los bienes jurídicos que se buscaba proteger.

La disposición también alcanza a los expedientes ya en trámite. Si una resolución judicial desestima la exención de responsabilidad penal por legítima defensa en el aspecto referido a la racionalidad del medio utilizado, deberá contener una fundamentación reforzada para conservar su validez.

El Código Procesal Penal incorporará una obligación nueva para los fiscales: ahora serán ellos quienes deberán investigar si la legítima defensa existe o no en un caso determinado. Los imputados ya no deberán probar que la ejercieron.

Nuevas penas por armas, cuentas bancarias y extorsión

En el caso del Decreto Legislativo 1744, este amplía las conductas sancionadas en el Código Penal y modifica normas sobre delitos informáticos, investigaciones penales y geolocalización de dispositivos de comunicación. Su finalidad es para reforzar la respuesta estatal ante el crimen violento, tecnológico y organizado.

La reforma incluye a quienes “proporcionen, cedan o presten” cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero exigido en una extorsión, siempre que conozcan o deban presumir el propósito delictivo.

También se agravan las consecuencias para el préstamo, alquiler o facilitación de armas cuando se advierta la posibilidad de que sean usadas con fines ilícitos. Si las armas pertenecen al Estado, la pena será de entre 10 y 15 años de prisión.

La alteración, supresión o sustitución del número de serie, marca, código u otro elemento de identificación de armas podrá ser castigada con penas de entre 12 y 14 años de prisión. La tenencia de armas no será punible mientras se encuentre en curso el trámite de renovación de la licencia.

La norma incorpora delitos específicos por falsificar una declaración sobre la pérdida o sustracción de armas, municiones, accesorios o materiales de fabricación. Para los titulares de licencias, la pena será de cuatro a ocho años de prisión, además de días-multa e inhabilitación.

Cuando la falsedad sea cometida por integrantes de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas o personal penitenciario, la pena ascenderá a entre seis y 10 años de prisión. La misma escala se aplicará a la falsa declaración administrativa sobre la pérdida o sustracción de armas.

Quien suplante la identidad de otra persona para adquirir, registrar, transferir u obtener autorización de porte o tenencia de armas será castigado con una pena de cuatro a seis años de prisión. Esa sanción también alcanza a quien utilice indebidamente la licencia o autorización de otra persona.

Penas para delitos informáticos

El acceso ilegítimo a sistemas informáticos será penado con entre uno y cuatro años de prisión. Si se vulneran medidas de seguridad o se emplean sin autorización credenciales, códigos de verificación u otros mecanismos de autenticación, la sanción será de tres a seis años. 

Los jueces podrán aumentar hasta en un tercio las penas máximas previstas para delitos informáticos cuando participen dos o más personas, se abuse de una posición de acceso a información reservada, se busque un beneficio económico o se afecten fines asistenciales, la defensa, la seguridad o la soberanía nacional.

La agravante también se aplicará cuando se utilice inteligencia artificial, tecnologías similares, activos críticos nacionales o una persona jurídica. Si el responsable integra una organización criminal, el aumento podrá llegar hasta la mitad del máximo legal previsto para el delito.