El Tribunal Constitucional establece que, ante la ausencia de regulación específica en el NCPP, deben mediar como mínimo tres días hábiles entre la notificación y la audiencia, aplicando supletoriamente el artículo 147 del CPC. En las notificaciones electrónicas, estas surten efecto el segundo día hábil siguiente a su ingreso a la casilla, reforzando la exigencia de un tiempo razonable para ejercer el derecho de defensa.