La Corte Suprema analiza una sentencia de vista que sustentó la absolución del acusado sobre dos premisas incompatibles: por un lado, sostuvo que la acusación fiscal no contenía una imputación concreta respecto del tiempo y espacio de los hechos, lo que constituiría un defecto estructural que debía conducir a la nulidad; y, por otro, afirmó que la imputación era válida, pero que la prueba actuada resultaba insuficiente para acreditar los hechos más allá de toda duda razonable. En ese sentido, la Corte Suprema advierte que ambas premisas no pueden coexistir, puesto que si existía una imputación defectuosa correspondía declarar la nulidad, mientras que si se ingresó a valorar la prueba de fondo, ello suponía reconocer la existencia de una imputación concreta. Por ello, la sentencia vulneró la garantía de motivación y el principio de razón suficiente, al no determinar con claridad cuál era la ratio decidendi que sustentaba la absolución, impidiendo así el adecuado control casacional.