El caso del Liceo Naval: si los padres no ponen límites, el derecho penal lo hará (y será demasiado tarde)Omar Effio ArroyoSocio fundador del Estudio Omar Effio & Abogados. Docente universitario de pregrado y posgrado. omareffioabogados@gmail.com Sumario: 1. Introducción. 2. Los hechos del caso. 3. Violación sexual agravada y lesiones. 4. ¿También hay secuestro? 5. Los adultos garantes y la omisión. 6. Actos de investigación urgentes. 7. Cómo se juzga al adolescente y determinación de la pena. 8. Padres sin límites: el espejo que duele. 9. Lectura constitucional. 10. Conclusiones. ResumenEl 15 de septiembre de 2026, un adolescente de dieciséis años fue víctima de agresión sexual grupal en un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise. Este artículo analiza tipicidad (arts. 170, 121, 152, 13 y 127 CP), justicia juvenil (DL 1348), posición de garante de los adultos a bordo y la crítica a una crianza sin límites, con lectura constitucional de tutela reforzada.1. Introducción: un trayecto que no debió terminar así Hay noticias que no se leen: se tragan. Otras… nos conduele. El 15 de septiembre de 2026, en el trayecto de Surco a San Borja, dentro de un bus escolar del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, un adolescente de dieciséis años fue víctima de una agresión sexual grupal. No fue un «juego de mal gusto». No fue «cosas de chicos». Fue una escena de horror: varios sujetos lo inmovilizaron, le introdujeron un palo por el ano y se burlaron. Y todo esto… ¿con adultos a bordo? Sí. Tres adultos: un conductor, un docente y un entrenador. Tres personas con rol de cuidado. Tres silencios que pesan más que mil gritos.La víctima fue llevada a una clínica esa misma noche y la familia denunció en la comisaría de San Borja. Diez adolescentes de quinto de secundaria quedaron a disposición de la Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro; el Ministerio Público solicitó —y el juzgado ordenó respecto de seis de ellos— cuatro meses de internamiento preventivo. La Marina separó preventivamente a la directora, al docente y al entrenador, y el Gobierno dispuso trasladar la administración del colegio al Ministerio de Educación hasta 2027. El país se estremeció. Y con razón.Pero este artículo no es un reportaje ni un hilo de redes. Es un intento —humano, sí, pero también técnico— de mirar el caso con los lentes del derecho penal y del derecho constitucional. Porque si solo nos quedamos en la indignación del timeline, mañana olvidamos. ¿En qué momento se quebró la brújula moral de una parte de nuestra juventud? La pregunta duele. Hay que hacerla. Y hay otra, más incómoda todavía: ¿en qué momento los padres dejaron de poner límites… y creyeron que el cariño sin exigencia bastaba?Adelanto la tesis, sin anestesia: si los padres no ponen límites desde temprana edad, el derecho penal lo hará. Y será demasiado tarde. Demasiado tarde para la víctima. Demasiado tarde para el agresor. Demasiado tarde para la familia que descubrió —en una comisaría, no en una conversación de sobremesa— que criar no es consentir todo.2. Los hechos del caso: lo que se alega y lo que ya se investigaPongamos los pies en el piso. A la fecha de este escrito no existe sentencia condenatoria firme. Lo que sigue son hechos denunciados y medidas procesales en curso —y así deben leerse—. Según las versiones difundidas y las actuaciones del Ministerio Público, el 15 de septiembre de 2026, tras un campeonato de futsal, el bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise regresaba de Surco hacia San Borja. En ese trayecto, un estudiante de dieciséis años habría sido inmovilizado por varios compañeros e introducido un objeto —un palo— por el ano, mientras otros se burlaban. A bordo viajaban tres adultos: el conductor, un docente y un entrenador.Esa misma noche la víctima fue atendida en una clínica. La familia formuló denuncia en la comisaría de San Borja. Diez adolescentes de quinto de secundaria quedaron a disposición de la Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro. La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo, del Tercer Juzgado de Familia de Lima, dictó cuatro meses de internamiento preventivo —plazo máximo legal— para seis de los diez investigados; los cuatro restantes continúan el proceso en libertad al no determinarse, en esa etapa, su participación directa. Los seis internados fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita). El Décimo Segundo Juzgado de Familia dispuso, además, medidas de protección para el agraviado: prohibición de todo contacto —físico o digital— con los investigados, terapia psicológica y patrullajes policiales en el domicilio.En el plano administrativo, la Marina de Guerra del Perú separó preventivamente a la directora, al docente y al entrenador. Mediante Decreto Supremo de 18 de septiembre de 2026, el Gobierno declaró la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa del Liceo Naval hasta el 31 de diciembre de 2027, y el Ministerio de Educación asumió la conducción del plantel. Se investiga, además, la posible responsabilidad civil del centro educativo como tercero civilmente responsable.Un dato procesal que no puede pasarse por alto: la Ley N.º 32330 —que pretendía incorporar a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario para delitos graves— fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2025. En consecuencia, los adolescentes investigados se procesan bajo el sistema de justicia juvenil del Decreto Legislativo N.º 1348. No es impunidad. Es fuero especializado. Y eso, mire usted, hay que explicarlo bien… porque en redes se confunde todo.3. Lo que hicieron los adolescentes: violación sexual agravada y lesionesEmpecemos por lo duro. El artículo 170 del Código Penal tipifica la violación sexual: el que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo introduciendo un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. [1] Léalo otra vez: «introduciendo un objeto…». El legislador pensó esa fórmula —precisamente— para casos como este, cuando la agresión se ejecuta con un instrumento que penetra, lesiona y convierte el cuerpo de la víctima en territorio de humillación.Y no es cualquier violación. El mismo tipo prevé agravantes. Entre ellas, el concurso de dos o más personas. Cuando varios sujetos actúan coordinadamente —unos inmovilizan, otros agreden, otros se burlan—, el desvalor del hecho se multiplica. Las penas del tipo base oscilan entre catorce y veinte años de privación de libertad; con agravantes, entre veinte y veintiséis años. [1] Claro: esas penas rigen para adultos. Para los adolescentes el régimen es otro —lo veremos en el apartado 7—, pero el desvalor del tipo no se diluye por la edad. El hecho es el mismo. La herida es la misma.Además, las lesiones. El artículo 121 del Código Penal sanciona las lesiones graves con pena base de cuatro a ocho años. [2] Introducir un objeto por el ano no es un «toque inapropiado»: es una agresión con daño corporal de entidad y un trauma que no se mide en centímetros de herida sino en años de terapia. ¿Concurso real o ideal con el 170? Esa es una discusión dogmática seria —Salinas Siccha ha insistido en leer los delitos sexuales y las lesiones sin eufemismos [3]—, pero lo que no admite discusión es esto: el cuerpo de un menor no es campo de experimentación grupal.Faro jurisprudencial: el Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116 de las Salas Penales de la Corte Suprema. [4] Ese acuerdo ordenó la apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual y dejó sentado, entre otras cosas, que «el consentimiento de la víctima no puede derivar del silencio, la falta de resistencia, ni de conductas previas o posteriores de naturaleza sexual»; que la declaración de la víctima es elemento imprescindible y no debe desestimarse por ser «única»; y que no se admite la valoración de pruebas sobre la conducta sexual anterior o ulterior de la víctima. Además, distingue entre libertad sexual e indemnidad sexual, y advierte contra la sobrevaloración de pericias médico-legales basadas solo en la pérdida de la virginidad o en la acreditación de violencia física.¿Por qué importa tanto aquí? Porque siempre —siempre— aparece la estrategia de la duda maliciosa: «fue juego», «no hay testigos neutrales», «se están exagerando». El Acuerdo Plenario 1-2011 cierra esa puerta. Y la Corte Interamericana, en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México, reforzó el estándar: la violencia sexual suele ocurrir en ausencia de testigos, el testimonio de la víctima adquiere valor probatorio esencial, y las imprecisiones del relato —producto del trauma— no deben usarse para desestimar la denuncia. [5] Quien inmoviliza, quien introduce, quien se ríe mientras el otro sufre… está en el núcleo del dolo. Punto.4. ¿También hay secuestro? Lo que el tipo del artículo 152 exige analizarAquí viene una pregunta que me han hecho más de una vez —y con razón—: ¿en este caso también se configura el delito de secuestro? No respondamos con el hígado. Respondamos con el tipo.El artículo 152 del Código Penal sanciona al que, sin derecho, priva a otro de su libertad personal. [6] El bien jurídico es la libertad ambulatoria: la facultad de ir, quedarse o salir. Los elementos que el operador jurídico debe escrutar —uno por uno, sin atajos— son, cuando menos, estos: (i) privación o restricción efectiva de la libertad de locomoción; (ii) ausencia de derecho o de causa de justificación; (iii) dolo de retener o trasladar contra la voluntad de la víctima; y (iv) en su caso, las agravantes que el propio tipo contempla (duración, móvil, condición de la víctima, etc.).Ahora bien… ¿basta con que varios sujetos inmovilicen a otro durante una agresión sexual para hablar de secuestro? No automáticamente. Hay que distinguir. La inmovilización momentánea que es medio para ejecutar la violación —sujetar brazos, impedir que se levante, bloquear la salida del asiento— suele absorberse por el tipo sexual como modalidad comisiva de la violencia. Es el clásico concurso aparente: el desvalor de la restricción breve queda consumido por el desvalor mayor de la agresión sexual. Pretender tipificar dos veces el mismo acto de sujeción sería, en muchos casos, bis in idem material.Pero —y este «pero» importa— si la retención supera el tiempo y la intensidad necesarios para la violación; si se impide de modo autónomo que la víctima baje del bus, pida auxilio o se comunique; si hay traslado forzado hacia un punto distinto con propósito de retener… entonces el análisis cambia (datos que no tenemos). Ahí sí podría abrirse la puerta a un concurso real entre secuestro y violación sexual. La clave no es el titular del expediente ni el hashtag del día: es la prueba de una privación de libertad con entidad propia, desligada del solo medio comisivo del 170.Mi posición, con la información pública disponible a esta fecha, es de cautela analítica: el núcleo del caso es la violación sexual grupal agravada y las lesiones. El secuestro no debe descartarse a priori ni afirmarse por inercia mediática. Debe investigarse —con pericias, testimonios y, sobre todo, con la reconstrucción del trayecto y de los minutos exactos de la agresión— si existió una restricción ambulatoria con autonomía típica. El fiscal que archive esa línea sin motivar… comete un error. El que la force sin elementos, otro. El derecho penal serio no se hace con titulares: se hace con tipos.5. Lo que no hicieron los adultos: posición de garante y omisiónSi los hechos de los adolescentes indignan, la omisión de los adultos debería indignar más. Un joven puede —trágicamente— haber crecido sin brújula moral. Un adulto con rol de cuidado dentro de un bus escolar no tiene esa excusa: tiene deber. Y el deber, en derecho penal, no es un consejo de autoayuda: es posición de garante.El artículo 13 del Código Penal regula la comisión por omisión. El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado si tiene el deber jurídico de impedirlo o si ha creado un peligro inminente idóneo para producir el resultado. [7] Hay facultad de atenuación… pero eso no convierte la omisión en «pecado venial». La omisión del garante, cuando se cumplen los presupuestos, equivale —por la cláusula de equivalencia— a la realización activa del tipo.¿De dónde nace el deber de garante del conductor, del docente y del entrenador? De la ley, del contrato y del rol. Quien acepta conducir un bus escolar o acompañar como docente asume dominio sobre el riesgo que pesa sobre esos menores. No eran pasajeros cualquiera: eran garantes. Hurtado Pozo y García Cavero han insistido en que la omisión impropia exige un deber jurídico concreto y la equivalencia normativa entre el no hacer y el hacer activo. [8] Peña Cabrera Freyre, desde la parte general, ha subrayado el mismo andamiaje: sin deber jurídico no hay comisión por omisión; con deber jurídico y posibilidad de acción, el silencio deja de ser neutral. [9]Y no solo el artículo 13. El artículo 127 tipifica la omisión de socorro: la inacción frente a un ataque sexual en curso, pudiendo intervenir con medios razonables —detener el bus, gritar, separar, llamar a la policía—, no es neutralidad sino contribución al resultado por no impedir. [10] ¿Qué justifica no alertar ni denunciar de inmediato? El silencio posterior no es prudencia: es, en muchos casos, la segunda herida.La Corte IDH, en el caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, dejó un estándar que aquí resuena con fuerza: cuando el Estado —o quien ejerce funciones de custodia institucional sobre niños— asume esa custodia, queda en una «posición especial de garante» y debe adoptar medidas positivas para proteger la integridad de quienes están bajo su cuidado. [11] Un bus escolar no es un bar. Un docente a bordo no es un espectador. Un entrenador no es un turista. Si podían actuar y no actuaron, el derecho penal tiene algo que decirles… y no será un sermón.6. Actos de investigación urgentes: lo que la fiscalía no puede postergarMire usted… un caso de esta envergadura se gana o se pierde en las primeras setenta y dos horas. No en el alegato final. En la escena. En la pericia. En la cámara Gesell. Si la fiscalía dilata, el expediente se llena de agujeros y la defensa —legítima, por cierto— los aprovechará. Por eso, sin anestesia, enumero lo que considero actos de investigación urgentes para sostener un caso sólido – o para casos similares.Primero: declaración de la víctima en cámara Gesell, con reserva de identidad y acompañamiento psicológico especializado. El Acuerdo Plenario 1-2011 y el estándar Rosendo Cantú convergen aquí: evitar la victimización secundaria no es un lujo; es deber. [4][5] Segundo: pericia médico-legal inmediata —no «cuando haya cupo»— que documente lesiones anogenitales, rastros biológicos y nexo temporal con los hechos. Tercero: pericia psicológica forense de la víctima (y, en su momento, de los investigados), orientada al daño psíquico y no a la cacería de «inconsistencias» traumáticas.Cuarto: inspección técnico-policial del bus —asientos, pasillos, objetos, posibles restos biológicos— con cadena de custodia impecable. Quinto: recojo y peritaje de cámaras de video (del bus, si las hubiera; de la institución; del trayecto; de exteriores). Sexto: testimonios de todos los ocupantes del vehículo, tomados por separado, sin contaminación de relatos. Séptimo: extracción de chats, audios y publicaciones en redes —WhatsApp, Facebook, TikTok— de los investigados en las horas previas y posteriores; el Décimo Segundo Juzgado ya intuyó la relevancia del entorno digital al prohibir todo contacto, inclusive por esas vías.Octavo: individualización precisa de los tres adultos a bordo —conductor, docente, entrenador— y de su ubicación física durante el trayecto; sin eso, la tesis de la omisión se diluye en generalidades. Noveno: informe de protocolos internos del colegio (¿existía plan de acompañamiento? ¿hubo denuncia inmediata institucional?). Décimo: coordinación temprana entre la vía juvenil (DL 1348) y la vía ordinaria respecto de los adultos, para que no se archive «por no complicar el expediente». Complicar el expediente es, a veces, hacer justicia.San Martín Castro ha recordado que las garantías del proceso son el cauce legítimo para alcanzar la verdad sin barbarie. [12] Justamente: investigación seria no es linchamiento. Es prueba. Es debida diligencia. Es no dejar que el tiempo borre lo que el bus todavía puede contar.7. Cómo se juzga al adolescente y determinación de la pena (menores y adultos)Aquí viene el tramo que más malentendidos genera. Y hay que decirlo con todas las letras: no es verdad que «a los menores no se les puede juzgar». Eso es un cuento que circula en redes y —lo más grave— en boca de adultos que confunden garantía con impunidad.El Decreto Legislativo N.º 1348, de 7 de enero de 2017 —Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes—, organiza el sistema de justicia juvenil peruano. [6] No es un código «blando» de ornato: es un sistema completo de investigación, juzgamiento y ejecución de medidas. El adolescente recibe medidas socioeducativas (en el texto) —no pena de prisión ordinaria—; la más severa es la internación en un centro juvenil (encierro es encierro). Distinción clave, que mucha gente mezcla: internación preventiva (medida cautelar, hasta cuatro meses) versus medida socioeducativa de internación (sanción tras la declaración de responsabilidad).¿Cuántos años? Según el marco del CRPA y sus desarrollos, para adolescentes de catorce a menos de dieciocho años la medida socioeducativa de internación puede alcanzar, en los supuestos de mayor gravedad, entre cuatro y ocho años, con matices según edad y lesividad. Los de dieciséis años o más, por delitos de alta lesividad, enfrentan un régimen más estricto —incluida la restricción de ciertos beneficios—. Al cumplir la mayoría de edad, si la medida está pendiente de ejecución, puede operarse el traslado al circuito ordinario conforme a las reglas vigentes. Resocialización no es «palmadita en la espalda». Es responsabilidad con rostro humano… y con consecuencias.No existe prohibición internacional ni constitucional de juzgar a un menor de edad. Cuando se trata de delitos de grave criminalidad —sicariato, terrorismo, violación sexual—, pretender que la minoridad opere como escudo absoluto es renunciar a la idea de responsabilidad. No se puede permitir una conducta narcisista en los jóvenes del Perú: la de creer que «como soy menor, no pasa nada», «no sabes quién es mi papá». Sí pasa. Y debe pasar.Lo que sí se debe prohibir es que los menores compartan encierro con adultos. El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño es claro: privación de libertad es último recurso y los menores deben estar separados de los adultos. La Corte IDH, en Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, ilustró lo que ocurre cuando un Estado hacina adolescentes en condiciones infrahumanas. [11] Ese estándar no es impunidad: es civilización.Y los adultos —conductor, docente, entrenador—, si se acredita la posición de garante y la omisión típica, responden por la vía ordinaria. Vía artículo 13, pueden ser alcanzados por el desvalor del 170 y/o del 121, con la facultad de atenuación que el propio 13 contempla; o, en su defecto o en concurso, por el artículo 127 (omisión de socorro). Las penas del 170 agravado —veinte a veintiséis años— y del 121 —cuatro a ocho años en el tipo base— marcan el techo de lo que el legislador previó para quien actúa; el omitente garante no queda en el limbo: queda en la equivalencia, atenuable, pero equivalencia al fin. Eso es dogmática. No venganza.8. El espejo que duele: padres sin límites y la lección de KantBajemos un segundo la toga y subamos el volumen de la calle. Este caso no nace solo de un vacío legal. Nace de un vacío ético que se cocina en casa, en el colegio, en la pantalla del celular y en la mirada cómplice del grupo.¿En qué momento se quebró esa brújula de los jovenes de hoy? Cuando confundimos cariño con permisividad. Cuando el bullying se disfrazó de «cosas de chicos». Cuando la risa del círculo selló la pertenencia. Cuando un padre —o una madre— prefirió ser «amigo» antes que autoridad afectuosa. Los hechos atroces casi nunca empiezan el día del hecho atroz: empiezan en la tolerancia mínima de los días anteriores. El narcisismo de grupo y la desensibilización frente a la violencia en pantallas no absuelven al derecho penal… pero explican por qué el derecho penal, solo, no basta.Kant lo dijo hace más de dos siglos, en sus lecciones de pedagogía: la disciplina es el mecanismo que somete los impulsos animales a las leyes de la humanidad, impidiendo que el hombre se desvíe de su destino; es, en el fondo, «la conversión de la animalidad en humanidad». [9] El fin último de la educación —añadía— es la moralización: que el individuo actúe no por costumbre o inclinación, sino por el deber. Traduzcámoslo al idioma de la casa peruana de 2026: poner límites no es maltratar; es amar con columna vertebral. No ponerlos es abandonar al hijo a sus impulsos… y después sorprenderse cuando el impulso se llama violación grupal en un bus.Mensaje directo a los padres —sin anestesia—. Ustedes no crían «estudiantes de buen colegio»: crían a los futuros médicos, jueces, oficiales y maestros del Perú. Si hoy no ponen límites, mañana el país heredará adultos que confunden poder con abuso. Convertir a un hijo en persona de bien es amarlo con exigencia: hay líneas que no se cruzan… ni en broma, ni en grupo, ni en un bus de regreso de un campeonato de futsal. Y a la juventud: la solidaridad no es un hashtag. Es detener la mano del que agrede. Es avisar. Es no reírse.Porque —y vuelvo al título— si los padres no ponen límites, el derecho penal lo hará. Y será demasiado tarde. Demasiado tarde para reparar el cuerpo de la víctima. Demasiado tarde para borrar el estigma del agresor. Demasiado tarde para la familia que solo reaccionó cuando la comisaría llamó a la puerta. El Código Penal no es un manual de crianza. Es el último recurso de una sociedad que falló antes.9. Lectura constitucional: la escuela no es zona francaEl caso del bus no es solo un expediente penal. Es un termómetro constitucional de cómo el Estado tutela —o deja de tutelar— a quienes están en asimetría de poder: los estudiantes. La Constitución reconoce el derecho a la integridad, la dignidad y la educación en un entorno seguro. [6] La escuela no es un recinto extraterritorial: docentes y acompañantes son agentes de deber especial de protección. Cuando ese deber se quiebra, hay falla de garantía institucional.El Tribunal Constitucional, en la STC 2663-2003-HC/TC (caso Mabel Aponte), recordó que la libertad e integridad se protegen también frente a amenazas en contextos institucionales. [11] La integridad de un adolescente no se negocia con el prestigio de un colegio ni con el uniforme de una institución castrense. El nombre de un plantel no es un derecho fundamental; la dignidad de un estudiante, sí.Tutela reforzada de niños y adolescentes: no es eslogan. Es principio que obliga al Estado, a la familia y a la sociedad. El Decreto Supremo que reorganizó el Liceo Naval hasta 2027 es, en el fondo, un reconocimiento implícito de esa falla institucional. [6] Bienvenido sea el correctivo administrativo. Pero el correctivo penal —el de los adolescentes bajo el DL 1348 y el de los adultos bajo el Código Penal— no puede diluirse en comunicados de prensa. La Constitución manda proteger. El proceso manda investigar. La sentencia mandará —si la prueba alcanza— responder y sentenciar.10. ConclusionesEl bus que volvía de un campeonato de futsal debió ser un transporte de adolescentes cansados. Se convirtió en la metáfora más cruel de una juventud que eligió el abuso como rito. Y de unos adultos que, estando ahí, no fueron adultos.El derecho peruano tiene herramientas: los artículos 170, 121, 152, 13 y 127 del Código Penal; el Decreto Legislativo 1348; el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116; la Convención sobre los Derechos del Niño; los estándares de la Corte IDH en Instituto de Reeducación del Menor y en Rosendo Cantú. No hay excusa de «no hay marco». Falta, a veces, voluntad de aplicarlo con rigor y con humanidad al mismo tiempo.No existe prohibición de juzgar a menores de edad. Menos aún cuando el hecho es de grave criminalidad. Lo que existe es el deber de juzgarlos con fuero especializado, sin recluirlos con adultos durante la minoridad, y con la posibilidad de ejecutar en el circuito ordinario lo que corresponda al cumplir los dieciocho años. Garantías no es impunidad. Severidad no es venganza.El secuestro (art. 152) debe analizarse con rigor típico: no afirmarse por inercia ni descartarse por comodidad. La omisión de los garantes adultos (arts. 13 y 127) no es detalle de color: es el segundo núcleo del caso. La investigación urgente —cámara Gesell, pericias, bus, videos, chats— es la diferencia entre un expediente sólido y un titular sin condena.Y los padres… los padres tienen una tarea que el Código Penal no sustituye: poner límites. Los colegios, otra: tutelar de verdad. El silencio del bus también delinque. El silencio de la casa, cuando mira para otro lado, prepara el próximo bus. Si usted no pone el límite hoy, el derecho penal lo pondrá mañana. Y créame: será demasiado tarde y lamentable.Referencias bibliográficasCódigo Penal del Perú (Decreto Legislativo N.º 635). Artículos 13 (comisión por omisión), 121 (lesiones graves), 127 (omisión de socorro), 152 (secuestro) y 170 (violación sexual). Lima: 1991, con modificaciones posteriores.Convención sobre los Derechos del Niño. Artículos 37 y 40. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989. Ratificada por el Perú.Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (fondo, reparaciones y costas). San José: Corte IDH.Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). San José: Corte IDH.Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116. VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales, 6 de diciembre de 2011 (apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual).Decreto Legislativo N.º 1348. Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Publicado el 7 de enero de 2017. Reglamento: Decreto Supremo N.º 004-2018-JUS. Lima: diario oficial El Peruano.Decreto Supremo de reorganización del Liceo Naval Almirante Guise. Publicado el 18 de septiembre de 2026. Reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa hasta el 31 de diciembre de 2027. Lima: diario oficial El Peruano.García Cavero, Percy. Derecho penal. Parte general. Lima: Jurista Editores.Hurtado Pozo, José. Manual de derecho penal. Parte general. Lima: Grijley.Kant, Immanuel. Sobre pedagogía (Über Pädagogik). Publicado por Friedrich Theodor Rink, 1803 (lecciones de la Universidad de Königsberg, 1776-1787).Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Derecho penal. Parte general. Lima: Idemsa.Salinas Siccha, Ramiro. Derecho penal. Parte especial. Lima: Jurista Editores.San Martín Castro, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: Instituto Pacífico / INPECCP.Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia STC 2663-2003-HC/TC (caso Mabel Aponte). Tipología del hábeas corpus y procedencia frente a amenazas y vulneraciones de la libertad e integridad en contextos institucionales. Lima: TC. Notas[1] Código Penal, art. 170 (violación sexual y agravantes; penas 14-20 y 20-26 años).[2] Código Penal, art. 121 (lesiones graves; pena base 4-8 años).[3] Salinas Siccha, Derecho penal. Parte especial.[4] Acuerdo Plenario N.º 1-2011/CJ-116, Corte Suprema, 6 de diciembre de 2011.[5] Corte IDH, Rosendo Cantú y otra Vs. México, 31 de agosto de 2010.[6] Código Penal, art. 152; DL 1348; Constitución; Decreto Supremo 18-09-2026.[7] Código Penal, art. 13 (comisión por omisión).[8] Hurtado Pozo, Manual de derecho penal. Parte general; García Cavero, Derecho penal. Parte general.[9] Peña Cabrera Freyre, Derecho penal. Parte general; Kant, Sobre pedagogía (1803).[10] Código Penal, art. 127 (omisión de socorro).[11] Corte IDH, Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay, 2 de septiembre de 2004; TC, STC 2663-2003-HC/TC.[12] San Martín Castro, Derecho procesal penal. Lecciones.* Descarge (abajo) la versión en PDF de este comentario.