La Corte Suprema dictó un fallo (29.09.2026) que elimina restricciones a la venta de tierras a extranjeros. El máximo tribunal puso nuevamente en vigencia el artículo 154 del decreto 70/23, conocido como el megadecreto de Javier Milei de diciembre del 2023.

El citado artículo derogaba la Ley de Tierras y, con ella, los límites que impedían a extranjeros adquirir terrenos en el área rural sin control. Su vigencia había sido frenada por una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La ley de Tierras, aprobada en el 2011, establecía que los extranjeros no podían poseer más del 15 % de los terrenos rurales del país, con límites también a nivel provincial y municipal.

El presidente Javier Milei la derogó por decreto en diciembre del 2023. Pero un tribunal frenó esa decisión en marzo del 2024, ante una demanda de un centro de excombatientes de la guerra de Malvinas.

Ahora, el máximo tribunal argentino integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazó la demanda porque consideró que esa organización no estaba habilitada para presentar el reclamo.

El pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional” de esa parte del decreto, señala el fallo al que accedió la AFP, aunque especialistas explicaron que la decisión permite aplicarlo en la práctica. Es decir, solo analizó la legitimidad de la organización accionante.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió en X que, a partir de la sentencia, “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran —incluida las zonas de frontera— sin límite alguno”.

El Centro de ex combatientes Islas Malvinas (CECIM), que había presentado la demanda, repudió el fallo: “La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de setiembre, a la República Argentina en venta”, señaló en un comunicado.

El gobierno también intentó flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros a través del Congreso este año. Incluyó los cambios en un proyecto más amplio sobre propiedad privada, pero en agosto retiró ese capítulo porque no reunía los votos necesarios y enfrentaba resistencia entre sus propios aliados y en diversos sectores sociales que se movilizaron contra la norma.