Con un clima de tensión concluyó el primer día de debate del predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, que recomienda rechazar y archivar la solicitud del Ejecutivo para legislar sobre ocho materias durante 120 días.

La falta de consenso y las posturas mayoritariamente contrarias hicieron que el grupo de trabajo apenas pudiera analizar una materia: seguridad ciudadana.

Las otras siete quedaron pendientes de debate: micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa; desarrollo productivo; tributaria; reforma estructural y, menos aún, vivienda.

El debate se reanudará este miércoles a las 9:00 de la mañana.

Al inicio de la sesión, el diputado Jaime Abensur (Fuerza Popular) planteó una moción de censura contra Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) por su “deficiente manejo de la Mesa Directiva” de la Comisión de Constitución.

El parlamentario sostuvo que las acciones de Avendaño afectaron “la programación de las sesiones y el oportuno tratamiento de los asuntos de la competencia”, entre ellos, el pedido de facultades legislativas.

El planteamiento entró en debate y legisladores de Juntos por el Perú y del Partido del Buen Gobierno, como Nery Fernández, afirmaron que no correspondía formular una moción de esa naturaleza.

Tanto Abensur como Luis Alegría, de Fuerza Popular, explicaron a la mesa de trabajo que el asunto debía ser debatido, que se trataba de una práctica común en el Congreso y que en anteriores gestiones ya se había formulado.

Avendaño, por el contrario, sostuvo que no correspondía admitir la moción. Luego de casi una hora de debate, se negó a someterla a consideración de la comisión y declaró que no la admitía.

“Es la población la que tiene que presenciar este debate y los argumentos del caso. En ese sentido, vamos a dar paso al debate y no se va a admitir la moción [de censura] presentada”, enfatizó.

Por la noche, a su salida de la sesión, Abensur indicó que Avendaño “se zurró en el procedimiento legislativo” al no tramitar un pedido formulado por un grupo de parlamentarios.

Retomado el debate central sobre las facultades, Avendaño leyó el predictamen que recomienda “la no aprobación y envío al archivo” de la proposición del Ejecutivo.

Ese documento, al que accedió El Comercio en la víspera, analizó las ocho materias de competencia y consignó las opiniones consultivas de las 12 comisiones que estudiaron el fondo de las materias, de las cuales ocho declararon la inviabilidad de los casos.

Entre las comisiones que se opusieron destacan Economía; Energía y Minas; Justicia; e Infraestructura, Vivienda y Transporte, que dirige Luis Quispe Candia (Buen Gobierno).

En el mismo sentido se pronunciaron los integrantes de las comisiones de Producción; Trabajo; Ciencia; y Defensa del Consumidor.

En el otro extremo, las que declararon viables los pedidos de facultades son Medio Ambiente; Defensa; y Desarrollo Agrario. Modernización la declaró viable en parte.

Avendaño dio cuenta que además de estas comisiones también obtuvieron opiniones de especialistas, federaciones y sindicatos. Este Diario revisó el contenido y encontró que entre los especialistas consultados estaba la excongresista de izquierda Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Debate

Uno de los primeros en cuestionar la dirección de Avendaño y el predictamen fue Luis Alegría de Fuerza Popular. El diputado dijo que la presidenta de Constitución tiene una “contraposición clara” contra el pedido de facultades del Ejecutivo.

“Las posiciones que tiene su conducción frente a lo que quiere el Ejecutivo están en contraposición absolutamente clara”, cuestionó.

Durante el debate, Fernando García, del Buen Gobierno, afirmó que la denominación de terroristas no cabía en la declaración de delincuentes, como lo planteó el Gobierno para legislar en materia de seguridad ciudadana.

“No podemos declarar grupos terroristas a las bandas organizadas que cometen delitos porque su objetivo es obtener dinero, un beneficio económico, el lucro a través del terror. Hay que ver el contexto internacional”, refirió.

Por su parte, Roxana Rocha (Renovación Popular) aseguró que se encuentra de acuerdo con el diagnóstico, pero que la labor de los diputados ante una solicitud de facultades es limitarla, no archivarla.

Recordó que el 13 de setiembre presentó un texto sustitutorio ante la Comisión de Justicia y el 23 de setiembre ante la Comisión de Constitución, pero que el grupo que dirige Avendaño no tomó en cuenta el contenido del documento en el predictamen.

A su turno, Rossana Alayza, del Buen Gobierno, consideró que no hay una clara precisión sobre la propuesta de intervención de las Fuerzas Armadas en territorio nacional en apoyo de la Policía Nacional.

“En el numeral 10 no hay justificación de motivos ni un sustento normativo suficiente […] Si el Ejecutivo pretende modificar la intervención de las Fuerzas Armadas debe precisar qué reglas quiere cambiar y dentro de qué límites constitucionales”, agregó.

Incómodo desde su escaño, Jaime Abensur le dijo a Avendaño que presentaría un informe sobre las facultades al despacho de la titular de Constitución para consignarlo en el predictamen “si así lo desea, porque estamos ante el deseo de usted”.

“Como no desea usted consignar los informes en minoría en la Comisión de Energía y Minas ni la de Economía. No sé si es error suyo, de su despacho o asesores, pero usted no lo consignó. Eso es falta de transparencia”, añadió.

Criticó que el predictamen presentado “adolece de irregularidades” al no consignar la postura de diversos parlamentarios.

Posturas

Tras el debate, las posiciones expresadas permitieron identificar que al menos 12 diputados votarían a favor del predictamen que rechaza y archiva la solicitud de facultades legislativas.

Esa postura correspondería a Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

En el otro lado se encuentran quienes rechazarían el predictamen de Avendaño y, por tanto, respaldarían la solicitud del Ejecutivo en las ocho materias planteadas. Se trata de Fuerza Popular y Renovación Popular, que en conjunto suman ocho legisladores.

Por lo pronto, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno han presentado textos sustitutorios para consignarlos en el predictamen, con el propósito de modificar algunas materias dentro del pedido de facultades.