El Pleno del Congreso tiene pendiente el debate de tres modificaciones admitidas por la Comisión de Constitución para el Decreto Legislativo 1422, publicado el año pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de sus facultades.
Y es que dicho decreto considera algunas modificaciones a la norma antielusiva o norma XVI (suspendida desde el 2014). Una de ellas es la obligación que impone el MEF a los directorios de las empresas para aprobar las estrategias tributarias y modificar todos los actos de planificación tributaria, entre julio del 2012 y 29 de marzo del 2019.
El segundo punto es que se faculta a la Sunat para aplicar la norma antielusiva en procedimientos de fiscalización que revisen los planeamientos tributarios desde el 2012 en adelante. Es decir, la norma sería retroactiva.
Y el tercero es que "establece que serán responsables solidarios los representantes legales de una empresa que participen directa o indirectamente en la planificación fiscal que califique como acto elusivo, en casos de dolo, negligencia grave o abuso de facultades", dijo Juan Carlos Zegarra, del estudio Zuzunaga, Assereto & Zegarra abogados.
"Lo que está pendiente en el debate es lo vinculado a las obligaciones impuestas al directorio para revisar las planificaciones fiscales. Antes no estaba contemplado en la norma antielusiva", puntualizó.
Verónika Mendoza de Nuevo Perú adelantó que su bancada votaría en contra de la mencionada norma, mientras que el partido oficialista y el de Acción Popular aún están analizando las especificaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Constitución.
Hay que indicar que para el Legislativo, el Ejecutivo se excedió en las facultades delegadas.
Impacto en las empresas
Ramón Gálvez, miembro del Comité Tributario de la Confiep, dejó entrever que en los próximos días el MEF publicaría el reglamento de la norma antielusiva, lo que generaría su reactivación, y en consecuencia su aplicación a todas las empresas contribuyentes.
Al respecto, dijo que será importante que el Congreso ponga en su agenda el debate de las modificaciones "para tranquilidad de las empresas".
En caso no haya debate, desde el 30 de marzo los representantes legales de las empresas podrían ser acusados por elusión.
Las cifras
56 mil millones de soles le cuesta al Perú la evasión y elusión tributaria al año.
2014 - Desde ese año, la norma antielusiva quedó suspendida por decisión del Congreso.