Podemos centra en la banca y en las grandes fortunas el grueso de una reforma tributaria destinada a acercar España a los estándares europeos. El partido plantea un marco fiscal que permita recaudar un 3,5% adicional del PIB al final de la legislatura. Más de la mitad (el 60%) de la subida de impuestos diseñada recae en el sector financiero, las empresas energéticas y los grandes patrimonios. El llamado recargo de solidaridad sobre los bancos permitiría ingresar 1.150 millones de euros al año, según las estimaciones en las que se basa su programa electoral.

Una de las pocas referencias a la Unión Europea que hubo en los debates electorales de televisión provino de Pablo Iglesias. El líder de Podemos abogó por “reducir la brecha de ingresos fiscales” con el entorno europeo. Los países de la zona euro recaudaron de media en 2018 un 46% del PIB, mientras que España rozó el 39%, según datos de Eurostat, la agencia estadística europea, publicados esta semana. Frente a las rebajas fiscales que proponen los partidos de centroderecha, esta formación defiende estrechar a la mitad esa distancia. Todo un desafío para el sistema tributario.

De los casi 43.000 millones de euros extra de recaudación previstos, más de la mitad procedería de un incremento en el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios, y de un tributo nuevo a las grandes fortunas, según los cálculos internos facilitados a EL PAÍS. Más allá de esos dos epígrafes, la principal novedad reside en un recargo de solidaridad al sector financiero, por el que la formación confía en ingresar alrededor de una décima de PIB. El impuesto sobre transacciones financieras y una especie de tasa Google —con una recaudación similar, alrededor de una décima de PIB— completan la cesta de tributos que gravan de alguna manera actividades de compañías y patrimonios.

Más allá del pago de impuestos, la lucha contra el fraude fiscal aportaría 2.000 millones adicionales. Y en el ámbito de pensiones, las mejoras salariales que propugna Podemos y la eliminación del tope máximo que las empresas abonan a la Seguridad Social por sus empleados, aportarían otros 7.000 millones.

Las aproximaciones pueden resultar un tanto optimistas. En los gravámenes a las transacciones financieras y a los gigantes tecnológicos, el programa electoral toma como referencia las previsiones que hizo el Gobierno para los fallidos presupuestos de 2019. La Airef, la autoridad independiente que fiscaliza las cuentas públicas, ya las consideró aventuradas.

Grietas en sociedades

Respecto al impuesto de sociedades, el enjambre de deducciones que lo rodea y el desplazamiento al exterior de buena parte del negocio de las grandes empresas españolas han desplomado su capacidad recaudatoria. Hoy los beneficios apenas aportan la mitad que en 2007, a pesar de que el volumen de ganancias es similar al de ese momento, como admiten los informes de la Agencia Tributaria. Finalmente, en el impuesto a las grandes fortunas, los números de Podemos superan ampliamente cualquier referencia conocida. La figura más cercana, la de patrimonio, recaudó en el mejor año de la serie (2008) 2.185 millones. Con un diseño mucho más ambicioso, Podemos confía en obtener 12.000 millones.

La formación política se muestra especialmente combativa con la banca porque su contribución al erario público en concepto de beneficios es muy limitada (abona el 5%, según datos de la Agencia Tributaria relativos a 2016). Y ello a pesar de que este sector ha sido objeto de un rescate, precipitado por la grave crisis que vivieron las cajas de ahorros, con Bankia a la cabeza de las dificultades. Todo el apoyo público brindado ha tenido un coste superior a 60.000 millones de euros, según cálculos provisionales del Tribunal de Cuentas. Para tratar de recuperarlo, el partido propone incrementar hasta 10 puntos el tipo real que paga este sector en sociedades “hasta que se repare el daño causado a las arcas públicas”. En la práctica, el objetivo es que estas empresas acaben pagando un 20% de beneficio, más cercano al nominal del 30% que marca la ley para este sector.

Por el lado del gasto, las mejoras en las arcas públicas servirían para financiar lo que el partido denomina el horizonte verde (un plan que movilice un 2,5% del PIB con recursos públicos y privados para acelerar la transición ecológica) y el horizonte morado, centrado en la mejora de la educación infantil y la dependencia.

En la atención a los niños de cero a tres años, el partido apunta alto: asegurar la universalización y la gratuidad de esta etapa educativa, con ratios de profesor por alumno similares a los del sistema sueco. Tomando como base estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente de Hacienda, el partido considera que ese plan tiene un coste nada desdeñable de 5.000 millones de euros en cuatro años. Con todo, el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, vaticina que a la larga el sistema se autofinanciaría porque el ingreso fiscal que generaría esa creación de empleo en el sector educativo compensaría el gasto.