La región ha demostrado que las reformas tributarias bien concebidas pueden apoyar el crecimiento y a la vez ayudar a los países a preservar la sostenibilidad fiscal. Algo que destaca es que estas reformas ayudarían a reducir la desigualdad del ingreso, un objetivo importante en una de las regiones más desiguales del mundo.

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) presentan una importante brecha entre la recaudación efectiva y la potencial, algo que puede atribuirse solo en parte al grado de desarrollo de la región. De acuerdo con un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), los países de esta zona recaudaron 13 puntos porcentuales del PBI menos de ingresos tributarios que el país medio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que la brecha persiste aun después de tener en cuenta los niveles de PBI per cápita, lo cual corrige en parte las diferencias en cuanto a informalidad, diseño de los impuestos y capacidad de cumplimiento.

Como varios países de ALC son, o probablemente serán, miembros de la OCDE, los promedios de los países de esa organización constituyen un marco de referencia natural.

También se observan diferencias significativas en cuanto a la forma en que los países latinoamericanos aplican impuestos. Según el FMI, la principal fuente de ingresos tributarios es el impuesto al valor agregado (IVA) o también conocido como impuesto general a las ventas (IGV).

La recaudación de este impuesto se condice en términos generales con el nivel de desarrollo de la región y es semejante a la de los países de la OCDE (excepto en el caso de México), pero podría ser mejor aún. Así, el FMI refiere que al analizar el impacto de los impuestos en el crecimiento a largo plazo se desprende que el IVA o IGV es un impuesto favorable para el crecimiento.

Sin embargo, la proporción de los ingresos proveniente del impuesto a la renta de las personas jurídicas en la región es mayor que en los países de la OCDE y está por encima de lo que podría esperarse a partir de los niveles de ingreso. “Depender en gran medida de los impuestos que pagan las sociedades incide negativamente en el crecimiento porque desincentiva la inversión”, precisa el organismo multilateral.

En cambio, la proporción de los ingresos proveniente del impuesto sobre la renta de las personas naturales es baja (aunque México y Uruguay han obtenido resultados alentadores a partir de reformas que otros países podrían considerar).

“Cuando se diseña bien, la captación de ingresos mediante esta modalidad impositiva incide en el crecimiento de forma similar que el IVA o IGV (como se observa en los países de la OCDE), y podría ayudar a mejorar la equidad. Un mayor uso de los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF), combinado con créditos para incentivar la participación en la fuerza laboral y quizá menos impuestos sobre las sociedades podría estimular el crecimiento”, asevera la entidad.

Mejor tributación

El informe del FMI determina reformas específicas que ayudarían a los países de América Latina a abordar su problemática fiscal, de crecimiento y de equidad. Por el lado del impuesto sobre la renta de las personas naturales, en la región se observan fallas de diseño: tasas reglamentarias bajas, umbrales de ingreso demasiado altos y deducciones generalizadas y regresivas (que tienden a beneficiar a los ricos). “Estas erosionan la base impositiva y empeoran la distribución del ingreso”.

Al respecto, ejemplificó que un trabajador en una de las cinco mayores economías de la región (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) tendría que ganar el equivalente a 10 veces el PBI per cápita del país para pagar la tasa reglamentaria máxima del impuesto sobre la renta de las personas naturales. Además, ese trabajador se beneficiaría considerablemente con deducciones impositivas, que reducirían sustancialmente el monto que debería pagar.

En cambio, ese mismo trabajador, si viviera en uno de los países de la OCDE, tendría que ganar tan solo 3.5 veces el PBI per cápita del país para estar sujeto a la tasa máxima de este impuesto a la renta, que en promedio es bastante más alta que en los países latinoamericanos.

“Reducir las deducciones del IRPF en estas cinco economías latinoamericanas serviría para simplificar el sistema, incrementar los ingresos y lograr que la tributación sea más progresiva –de modo que las personas que ganan más también paguen más impuestos–, sin gravar más a los trabajadores de ingreso bajo o medio en el sector formal”, detalló el FMI.

También se podría reformar el impuesto a la renta a las personas jurídicas. Al alinear las tasas se podría ayudar a atraer inversión y a aliviar el problema de traslado de las utilidades y una reducción de las ventajas y deducciones tributarias podría establecer condiciones más igualitarias. “Las reformas en curso de los impuestos sobre la renta de las sociedades a escala mundial brindan una buena oportunidad para replantear la tributación de las empresas en América Latina”.

Iniciativa peruana

Como parte de la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, otorgadas por el Congreso de la República, el Consejo de Ministros aprobó seis de decretos legislativos.

Estas iniciativas son la extensión de los beneficios tributarios de la Ley N°31110 a los sectores acuícola y forestal y de fauna silvestre; la uniformización del costo por el acceso a la estabilidad prevista en los convenios de estabilidad jurídica; la prórroga de las exoneraciones del IGV, apéndices I y II, dinero electrónico y cooperación internacional; la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta sobre las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los no domiciliados; y la modificación de la Ley de Tributación Municipal.

La prórroga de la exoneración del IGV permitirá atenuar el impacto de este impuesto, principalmente, en los bienes que componen la canasta de alimentos de la población de menores recursos. La norma también evitará el incremento de los costos de producción de la actividad agrícola y de crianza de animales, así como el de los costos de vivienda de interés social.

El Apéndice I comprende una lista de, principalmente, productos primarios destinados al consumo doméstico directo (hortalizas, legumbres, menestras, frutas), insumos para el agro (abono, fertilizantes), materias primas y productos intermedios para la industria textil, inmuebles destinados a sectores de escasos recursos, entre otros.

En el caso del Apéndice II, este comprende una lista de servicios exonerados que se basan en razones de carácter social, cultural, de fomento a la construcción y vivienda, al ahorro e inversión en el país y de facilitación del comercio exterior.