El Ministerio de Economía (MEF) confirmó hace unos días que viene preparando un proyecto de ley para mejorar la recaudación del Impuesto Predial (IP). En un país en que dos tercios de los ingresos municipales dependen de transferencias del Gobierno central, medidas que ayuden a incrementar la recaudación propia tendrán efectos no solo en la capacidad de los gobiernos locales para atender sus competencias exclusivas (pistas y veredas, parques, etcétera), sino en la autonomía política de los mismos.

En el Perú, la base imponible del Impuesto Predial no es una fracción del valor de mercado de la propiedad, sino el resultado de aplicar una serie de valores arancelarios al área del predio y un conjunto de costos promedio a las edificaciones que los ocupan.

En ese contexto, para incrementar la recaudación del IP se pueden seguir tres caminos no excluyentes: elevar los valores referenciales de terrenos y construcciones (en soles), aumentar las tasas del impuesto (y/o reducir exoneraciones) o incrementar el número de metros cuadrados de área y la cantidad de pisos edificados incluidos en el cálculo –es decir, el universo de predios registrados–.

Las primeras dos estrategias pueden cambiarse fácilmente y sin gastar un sol: basta ajustar la norma, y con ella los números de referencia que determinan el valor de los predios y el IP, y luego aplicarlos a los contribuyentes registrados. El problema está en la implementación y viabilidad política de estos cambios, que afectan directa, y únicamente, a quienes vienen cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Por el contrario, optar por la tercera estrategia suele ser considerado difícil y costoso: para incluir más predios y construcciones en el cálculo del IP hay que construir o actualizar un catastro urbano, lote por lote, edificación por edificación. Pero una vez que este está listo su implementación –que consiste en cobrar a quienes no están pagando lo que deben– es relativamente directa y políticamente justificable.

Afortunadamente, las nuevas tecnologías de levantamiento y procesamiento de imágenes están logrando reducir en varios órdenes de magnitud los costos, tiempos y esfuerzo necesarios para actualizar o desarrollar catastros, lo que abre la posibilidad de incrementar significativamente la recaudación, independientemente del incremento de valores o tasas impositivas.

En asociación con el BID hemos desarrollado un catastro fiscal en la Municipalidad Provincial de Huancayo utilizando nuevas tecnologías. En tal sentido, se usó imágenes tomadas por drones en esta ciudad para luego convertirlas en un “catastro virtual” utilizando algoritmos especializados. Con este instrumento se ha logrado mapear e identificar un 40% de áreas construidas que no están incluidas en el catastro municipal –y, por tanto, no pagan IP–. En las áreas incluidas en el catastro actual, se ha podido clasificar además áreas de la ciudad de acuerdo a su cumplimiento del impuesto predial.

Este ejercicio, que es replicable en cualquier ciudad del país, no solo puede ejecutarse en unos pocos meses y a muy bajo costo, sino que, además de mejorar la gestión tributaria, permite enfrentar otros problemas, como cuantificar brechas de infraestructura, identificar zonas de riesgo o inventariar recursos ecológicos.

En este contexto, consideramos conveniente que los esfuerzos del MEF para fomentar una mejor gobernanza en los gobiernos locales incluyan la validación y promoción sistemática de herramientas innovadoras que mejoran la eficiencia del Estado en todos sus niveles.