A las 11 a.m. en la Sala Miguel Grau, la Comisión de Constitución del Senado tiene previsto sesionar este jueves 14 de octubre para debatir y votar el predictamen sobre el pedido de facultades que planteó el Ejecutivo al Congreso a fines de agosto pasado. Ahora, la fórmula legal puesta sobre la mesa por el grupo que preside el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular) incorpora ocho puntos adicionales al texto que fue remitido por la Cámara de Diputados, lo que avizora una jornada con pronóstico reservado.

Se propone otorgar facultades para legislar en siete puntos adicionales y un octavo está referido a la supervisión del Senado.

El gobierno planteó el 28 de agosto un pedido para obtener facultades para legislar en 66 puntos sobre distintas materias por 120 días calendario. Sin embargo, tras un accidentado paso por la Cámara Baja, esta solo dio luz verde a 20 de las planteadas originalmente el pasado 6 de octubre, reduciéndose a 90 días el plazo y a solo dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. Ahora la pelota está en la cancha del Senado.

En el predictamen, al que accedió El Comercio, se invoca la Constitución y el Reglamento del Senado respecto a la atribución que tiene la Cámara Alta para revisar la propuesta remitida por la Cámara de Diputados y que está facultada “para aprobarla en sus términos, modificarla o rechazarla”.

“Se ha identificado claramente que el Senado tiene la competencia para modificar las propuestas legislativas que remita la Cámara de Diputados, así como de aprobarlas o rechazarlas. De tal modo, el Senado está investido con plenas competencias constitucionales para modificar lo que Diputados envíe y presente como parte del procedimiento legislativo”, se sostiene.

Es decir, se incide en que la “potestad” del Senado en la revisión “va desde la aprobación de la propuesta legislativa sin incorporar ningún cambio hasta el otro extremo de rechazar la propuesta legislativa remitida”. Siendo que, según se indica, se debería siempre preferir “salvar” la propuesta “antes que su extinción”.

No obstante ello, también se señala que el marco de actuación que tiene el Senado para modificar las propuestas legislativas enviadas por Diputados es la propia iniciativa planteada; en este caso, por el Ejecutivo.

“En tal sentido, en el presente dictamen, se ha cuidado que las materias que se incorporen guarden relación tanto con la iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo por el cual solicita facultades delegadas al Congreso de la República como por la proposición legislativa aprobada por la Cámara de Diputados”, se detalla.

Uno a uno, los puntos incorporados 

En ese contexto, frente a la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, se plantea un texto sustitutorio que mantiene el plazo de 90 días calendario y circunscribe las facultades a materias de seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño. Sin embargo, la fórmula que se debatirá en el Senado incorpora ocho puntos adicionales.

1.- Los “grupos hostiles”

Uno de los puntos más relevantes abre la puerta a modificar el Decreto Legislativo N.° 1095 para, según se refiere, “precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil”. Ello, en función de su nivel de organización, el uso de armas de fuego o explosivos y los ataques contra la población.

La propuesta también contempla dar cuenta de esta calificación al Congreso y establecer su revisión periódica.

2.- Mecanismos “antiterroristas”

También se incorpora una modificación a la Ley contra el Crimen Organizado para poder “calificar e inscribir en un registro” a las organizaciones criminales que empleen de forma “sistemática métodos de violencia propios del terrorismo” para alcanzar sus fines, como los atentados con explosivos o armas de guerra contra personas, viviendas y medios de transporte, entre otros. Asimismo, se contempla que estas acciones provoquen zozobra en la población.

“Así como extender a dichas organizaciones, en lo pertinente, las técnicas especiales de investigación, las medidas sobre bienes y activos, el régimen de ejecución penal y los mecanismos de cooperación internacional previstos para el delito de terrorismo, con control judicial, revisión periódica y derecho de defensa, con la finalidad de reforzar la respuesta del Estado frente a dichas organizaciones, sin modificar la tipificación del delito de terrorismo”, se explica en el texto.

3.-Fortalecimiento de la DINI

Otro de los puntos que se dejó de lado en Diputados y que ahora se incorpora al texto en debate tiene que ver con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La propuesta plantea modificar la normativa “con la finalidad de fortalecer” tanto esta entidad especializada como todo el Sistema de Inteligencia Nacional, conformado por el conjunto de organismos de inteligencia del Estado.

Tanto el fortalecimiento de la DINI como la calificación de bandas criminales como grupos hostiles fueron dos de los temas claves que defendió el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, durante su exposición ante el Senado el viernes pasado.

El primer ministro explicó que el fortalecimiento de la inteligencia permitiría reducir los riesgos para los policías y militares que actúen directamente contra las bandas criminales, con el objetivo de abatir o detener a sus integrantes.

“No correríamos el riesgo de que caigan nuestros policías y militares. La inteligencia nos permite tener cero problemas externos”, sostuvo.

Galarreta también defendió la denominación de grupos hostiles para las bandas criminales, al considerar que esta permitiría a las Fuerzas Armadas actuar frente a ellas “porque estamos en guerra”.

4.- Seguridad externa de los penales

Entre las incorporaciones también figura la posibilidad de “regular la participación excepcional y temporal” de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. Esta medida está incluida en el eje de la reforma del sistema penitenciario.

5.- Libertad vigilada

Asimismo, se plantea regular, para los casos de delitos de alta peligrosidad, entre otros, “la libertad vigilada postpenitenciaria”, así como crear un registro “a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva”.

6.- Legítima defensa

Además, se plantea modificar la normativa para fortalecer la figura de la legítima defensa, a fin de establecer que quien la emplea “goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión”. La disposición contempla dos precisiones.

Por un lado, esta presunción admite prueba en contrario. Por otro, toda resolución judicial que descarte la legítima defensa deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

7.-Fenómeno El Niño

En cuanto a las medidas vinculadas al fenómeno El Niño, se incorpora la posibilidad de aprobar disposiciones de “simplificación administrativa” para la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios.

La propuesta precisa que estas medidas se aplicarán “sin exceptuar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural” que correspondan.

8.- Supervisión del Senado

La octava incorporación figura en las disposiciones complementarias finales del texto que se debatirá en el Senado. Se establece que “es deber” del titular de cada sector informar a la Cámara Alta, específicamente a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, sobre “los avances del estado de implementación de las medidas legislativas”.

El informe deberá presentarse por escrito dentro de los 60 días calendario posteriores a la publicación de los decretos legislativos correspondientes, bajo responsabilidad. Asimismo, se establece un cuadro con las materias específicas que deberá informar cada uno de los siete sectores involucrados, empezando por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ahora bien, aunque se incorporan estos ocho puntos, también se elimina una de las medidas incluidas en la propuesta aprobada por Diputados. Se trata de la creación de una carrera de servidor público para los Centros de Rehabilitación Juvenil.

La correlación de fuerzas

El texto será sometido a discusión en la Comisión de Constitución del Senado entre los representantes de las seis bancadas. Fuerza Popular cuenta con cuatro integrantes y Juntos por el Perú, con tres. En ese escenario, las posturas de Renovación Popular, que tiene dos representantes, y de Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno, con uno cada uno, serán clave para definir el respaldo al predictamen.

Según explicó a El Comercio Martín Cabrera, consultor en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, el debate en esta instancia será clave para definir el futuro del pedido de facultades del Ejecutivo. Esto debido a que la comisión “marcará la pauta” sobre el texto que llegará al pleno del Senado, donde se definirá su aprobación.

“Lo que aprueba el Senado en el Perú, a diferencia de otros senados como el argentino o el colombiano, muere en el Senado. Si no se aprueba ahí, no es que baje a la Cámara de Diputados para una insistencia. Todo muere en el Senado, por tanto, la discusión acaba sí o sí entre los senadores”, explicó.

Por ese mismo motivo, agregó, las bancadas tendrán que alcanzar consensos en esta instancia para reunir los votos que se requerirán posteriormente en el pleno. “Con la discusión de este jueves se va a escribir el capítulo final del período de facultades. Porque todo acaba en senadores y todo va a acabar en el pleno del Senado”, afirmó.

Frente a este escenario, se abren dos posibilidades. Si la comisión no reúne los votos necesarios para aprobar el predictamen, el debate podría entramparse y dar lugar a nuevas negociaciones o incluso a la presentación de un dictamen en minoría. Si, por el contrario, logra aprobar una fórmula viable, el texto pasará al pleno del Senado para su votación.

El Comercio intentó contactarse con los representantes de las bancadas en la comisión; sin embargo, no hubo respuesta.