La máxima autoridad judicial explicó que esta medida se toma ante la necesidad de lograr una solución urgente a las demandas requeridas por un determinado sector de la población, por lo cual resulta necesario contar con órganos especializados o subespecializados.  
“Es muy importante que las acciones y políticas llevadas a cabo por el Poder Judicial (como las unidades de flagrancia) tengan gran impacto y ahora muchas entidades del Estado hablan de poblaciones vulnerables, trabajan en itinerancia y dan a conocer sus servicios en ferias de justicia”, señaló.
La implementación de la referida unidad está fundamentada en la particular realidad sociocultural de la región, caracterizada por la presencia predominante de pueblos indígenas awajún y wampis, los cuales comprenden localidades de extrema dificultad geográfica como Nieva, El Cenepa, Río Santiago, Chiriaco y cuencas nativas de los ríos afluentes.
CUATRO PILARES
La creación de esta unidad piloto de flagrancia con enfoque intercultural se sustenta en cuatro pilares de articulación procesal y cultural, entre ellos, que la corte cuente con un servicio permanente de interpretación y traducción en lenguas indígenas u originarias.
También por la articulación con la Justicia Especial Indígena y la derivación de delitos de especial sensibilidad (violencia contra niños, niñas y adolescentes), como los ocurridos en Condorcanqui.
La Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad calificó de viable la propuesta en base al artículo 149° de la Constitución, así como por las Reglas de Brasilia sobre atención prioritaria de personas indígenas en condición de vulnerabilidad.
Al respecto, la mencionada comisión desarrollará mesas de diálogo y de coordinación con los apus y organizaciones representativas de los pueblos awajún y wampis, orientadas a establecer mecanismos de cooperación interinstitucional.