Hace dos semanas, la periodista y candidata regional Susy Aponte Polo, más conocida como ‘La China Polo’, fue asesinada a balazos en plena campaña en Caraz, Áncash. La Policía capturó ese mismo día al presunto autor, el venezolano Luis Iván Obispo Díaz, quien tenía en su poder la pistola, y las cámaras de seguridad lo habían grabado huyendo con el arma en la mano.
Una vez detenido el sospechoso, con el arma incautada y con video, el caso tenía, según fuentes del Poder Judicial, los elementos de un caso de flagrancia. Bajo ese sistema, podría haber tenido sentencia en días y así evitar que la evidencia se disipe, pero no fue así. El caso ha seguido la vía de una investigación común y la Fiscalía obtuvo una detención de 15 días mientras busca a quien ordenó el crimen.
La directiva que limita el trabajo de los fiscales de flagrancia lleva la firma del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y fue aprobada el 16 de julio.
Hasta el 28 de septiembre de este año, hubo 22,619 casos de flagrancia resueltos. En La Libertad, un caso de extorsión se resolvió en cuatro días en flagrancia, mientras que uno por el mismo delito procesado en la vía común tardó 1,197 días. Un caso de agresión contra una mujer se resolvió en un día, frente a los 1,305 días de otro que pasó por la vía tradicional. Uno de tenencia ilegal de armas en tres días frente a otro que tardó 1,269.
En las unidades de flagrancia, el policía, el fiscal, el defensor público y el juez trabajan bajo un mismo techo para procesar a quien es atrapado en el momento del delito. Es distinto al proceso común, en el que un caso similar demora en promedio 1,281 días, más de tres años y medio. Muchas veces termina sin sentencia.
LA LISTA
El 16 de julio, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, aprobó con su firma tres directivas técnicas que cambian cómo trabajan los fiscales de flagrancia. Una de ellas establece una lista cerrada de 23 delitos que pueden ver los fiscales especializados en flagrancia. Entre ellos están el hurto, el robo, el manejo en estado de ebriedad, los daños y la resistencia a la autoridad.
Estos son los delitos que ahora pueden ver los fiscales de flagrancia. La extorsión, la violación sexual y la tenencia ilegal de armas no están en la lista.
Fuera de esa lista quedaron la extorsión, la violación sexual, la tenencia ilegal de armas, las agresiones contra las mujeres y la microcomercialización de drogas. El robo agravado solo entra en su forma básica. Los casos que la Fiscalía considere complejos pasan a las fiscalías penales de turno, es decir, al circuito común. Hasta julio, esos delitos sí llegaban a las unidades.
La segunda directiva crea la figura del coordinador nacional y de coordinadores distritales para las fiscalías de flagrancia. Los coordinadores distritales resuelven, sin posibilidad de apelación interna, los conflictos sobre qué Fiscalía debe ver cada caso. El 8 de julio, Gálvez designó a la exfiscal de la nación Patricia Benavides como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia. Los coordinadores distritales, que tienen la última palabra sobre qué Fiscalía ve cada caso, son designados a propuesta de Benavides.
Fuente: informe del sistema de flagrancia al Congreso.
La tercera directiva obliga al fiscal a priorizar el principio de oportunidad —un acuerdo en el que el detenido paga una reparación y el caso se archiva— antes de iniciar el juicio rápido. Ese archivo solo procede si el detenido paga el monto completo en una sola cuota.
Perú21 conoció de primera mano que, para el Poder Judicial, la lista recorta lo que las unidades ya venían haciendo. “Antes podía conocer extorsión. Ahora ya no”, explicó un funcionario del sistema de flagrancia que pidió la reserva de su nombre.
Los números del propio sistema muestran qué tipo de casos se van. Según el informe anual de resultados que el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva preparó para el Congreso, revisado por este diario, solo este año ingresaron a las unidades 1,925 casos de violencia familiar, 539 de tenencia ilegal de armas, 178 de actos contra el pudor, 130 de violación sexual y 115 de extorsión.
Fuente: informe del sistema de flagrancia al Congreso.
Es decir, uno de cada siete casos en flagrancia corresponde a delitos que hoy ya no pueden pasar por estas unidades.
“Si un detenido no es juzgado de inmediato, el tiempo corre en contra de la prueba: los testigos pueden ser amenazados y cambiar su versión. Nadie dice que lo han hecho de mala fe. Sin embargo, no han medido las consecuencias”, sostuvo la fuente de este diario.
VISIONES CONTRAPUESTAS
En una entrevista en agosto, Tomás Gálvez sostuvo que el sistema de flagrancia no está hecho para la extorsión ni el sicariato, y que en sus dos años de vigencia no se han visto casos de ese tipo. Sin embargo, el informe del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva presentado esta semana ante el Congreso registra 78 casos de extorsión tramitados en las unidades en 2025 y 115 en lo que va de 2026.
Esa postura choca con la del Gobierno. Según Tello, la presidenta Keiko Fujimori asumió el compromiso público de que, en su gestión, las unidades de flagrancia serán fortalecidas y ampliadas. En ese contexto, la titular del Poder Judicial pidió al Ministerio Público revisar las directivas.
La presidenta del Poder Judicial ha pedido dos veces que se corrijan las directivas. El 5 de agosto, en el Día del Juez, Tello invocó al Ministerio Público a hacer “una revisión de esas normas para la continuación del trabajo conjunto”.
Este martes volvió al tema. Recordó que las unidades son 40 hasta septiembre y el año pasado lograron un nivel de eficacia de 92.97%. Además, consideró que todas las directivas, protocolos y normas de las instituciones que integran el sistema deben ir en la línea de ampliar la competencia de las unidades de flagrancia y no circunscribirlas solo a los delitos menores. El Poder Judicial ya había advertido que esas disposiciones estarían reduciendo la información registrada por las unidades y limitando las competencias de los fiscales de flagrancia.
Este año, la Policía reportó 67,070 casos de flagrancia en los distritos donde operan las unidades, pero solo 24,436 llegaron a ellas, el 36%. En Lima Sur llegó apenas el 5%. El informe identifica como una de sus brechas el incumplimiento en el traslado de detenidos a las unidades.
Lo cierto es que resolver un caso en flagrancia le cuesta al Estado S/1,220. En la vía común, el mismo tipo de caso costaría S/11,689. Casi diez veces más, ya que el proceso exige muchas más audiencias.
Según el funcionario consultado, solo la unidad de Lambayeque cuenta con laboratorio propio y, de hecho, La Libertad tiene uno de manera parcial. Sin laboratorio, una prueba de alcoholemia obliga a trasladar al detenido en patrullero con dos policías, lo cual retarda el proceso. Además, sin laboratorio, un arma incautada tampoco puede vincularse a tiempo con un crimen. “Tenemos que darle libertad”, explicó.
Perú21 consultó para este informe al fiscal de la nación, Tomás Gálvez, sobre las directivas y los cuestionamientos del Poder Judicial. Gálvez se limitó a señalar que su posición “es el contenido de la resolución”.
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