El fiscal Guido Vera archivó la investigación por los presuntos delitos de atentado contra la libertad de trabajo y homicidio culposo por la muerte de Carlos Campos Zapata y Alexandra Porras Inga ocurrida el 15 de diciembre del 2019 en un local de Pueblo Libre de McDonald’s.

En este sentido, se libró de responsabilidad a Carlos Andrade Roy, gerente general de la empresa Arcos Dorados del Perú S.A.C., María Pisfil Silva de Orihuela, administradora del local, y Franklin Medina Huamán, por el presunto delito de violación a la libertad de trabajo, en la modalidad de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Ello pese a que los informes periciales dan cuenta de que las víctimas no tenían la indumentaria adecuada ni equipos de protección personal. Aunado a ello, en dichos informes se concluyó que el área de lavado era un lugar peligroso.

Respecto del delito de homicidio culposo imputado a los mismos investigados, el fiscal resolvió abstenerse del ejercicio de la acción penal, debido a que la empresa Arcos Dorados habría llegado a un acuerdo reparatorio con las familias de las víctimas.

En el documento al que tuvo acceso RPP Noticias se lee: “Podemos concluir que cuando un acuerdo reparatorio como herramienta procesal donde de oficio o a pedido del imputado o de la víctima sea propuesto y convienen, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal”.

Las familias, sin embargo, no estarían de acuerdo con esta decisión. En este sentido, el abogado de una de ellas señaló: “Es un precedente nefasto para la justicia peruana, porque las personas pueden tener un acuerdo privado en relación al marco reparatorio, pero no puede de ninguna manera dejar de buscar la verdad y sancionar a los culpables”.