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El proyecto de Ley MAPE bajo la lupa: lo positivo y lo que preocupa

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se presenta hoy ante el Congreso para explicar la norma. Expertos saludan control de plantas de procesamiento y ponen reparos a propuesta de nuevo régimen.

El proyecto de Ley MAPE bajo la lupa: lo positivo y lo que preocupa
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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, acudirá hoy a la comisión del sector de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes (JPP), para sustentar la propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Esto, a 49 días de que culmine la actual legislatura y a dos meses y tres días de que caduque la última ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

De acuerdo con el texto, el Reinfo tal y como lo conocemos llega a su fin el 31 de diciembre de este año y se creará el Régimen de Consolidación Transitorio (desde el 1 de enero del 2027 hasta 30 de junio del 2028), para que los 30,000 mineros inscritos puedan completar su proceso de formalización; sin embargo, desde el MINEM precisaron que habría una nueva depuración del padrón, por lo que solo quedarían alrededor de 22,000 mineros registrados.

También se creará el Régimen Ordinario Permanente, para las personas naturales o jurídicas formales que desarrollan o pretendan desarrollar actividades en el ámbito de la pequeña minería o minería artesanal.

Entre los puntos nuevos de la iniciativa destacan la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al MINEM, la supervisión y fiscalización por un periodo de cinco años de las plantas de beneficio que superen las 25 toneladas métricas y la autorización al Banco de la Nación para que abra cuentas a los pequeños mineros y mineros artesanales, entre otras medidas.

Diversos expertos y representantes del gremio minero saludaron la propuesta; sin embargo, presentaron algunas observaciones frente a algunos puntos. En cambio, los mineros informales se opusieron a la norma y señalaron que el nuevo régimen no permitirá completar los procesos de formalización. 

"En esos 18 meses nadie se va a formalizar. Estoy completamente convencido”, indicó a Canal N el presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Mineros del Perú (CONFEMIN), Máximo Franco Becker.

Fuente: Proyecto de ley del Gobierno.

LO POSITIVO

En diálogo con Perú21, el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, y el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, coincidieron en calificar de positiva la propuesta para supervisar y fiscalizar las plantas de procesamiento que superen las 25 toneladas métricas diarias.

“Eso es un avance positivo, creo que las plantas deben convertirse en unos nodos de formalización de toda la cadena de valor de la actividad minera (...) las plantas generan gran contaminación, generan riesgos a la salud de las personas, a la seguridad de los trabajadores, por lo que a través de estos espacios se debe y se puede formalizar la cadena minera”, indicó De Vinatea.

En la misma línea, Gálvez resaltó la importancia de que las plantas de procesamiento sean fiscalizadas y controladas por Osinergmin, OEFA y Sunafil. "No se dice, pero es de suponer que también habrá un control de SUNAT para todo lo que son las compras de mineral", acotó.

El vocero del IIMP también calificó de positiva la propuesta para crear el FORMAPE; sin embargo, precisó que hay que estar vigilantes para que se le otorgue los recursos, capacidad técnica y tecnología suficiente para que pueda cumplir con su labor.

"Creo que eso va a ser fundamental (...) hay mucha cooperación internacional, hay muchos países interesados en ayudar a la lucha contra la minería ilegal y las mafias organizadas alrededor de ella. Creo que FORMAPE puede ser un vehículo perfecto para que esta colaboración de países extranjeros pueda concretarse para hacerle frente a este problema de una manera eficaz", remarcó.

Respecto a este punto, Gálvez dijo esperar que FORMAPE absorba a la Dirección General de Formalización Minera del MINEM. En ese sentido, respaldó que este nuevo organismo tenga algunas funciones que estaban en manos de los gobiernos regionales, siempre y cuando "hagan su trabajo".

"Hay mucho papel mojado en tinta y a veces no se cumple. Hay ideas buenas, yo entiendo que el ministro Shinno ha hecho un esfuerzo, pero la cuestión no está solamente en la legislación, está en la ejecución", dijo.

GENERA PREOCUPACIÓN

Por su parte, el especialista en derecho ambiental, César Ipenza, advirtió que la creación del Régimen de Consolidación es una especie de “Reinfo camuflado”, al recordar que los mineros que estarán en dicho registro tendrán un año y seis meses más para formalizarse, pese a que ya tuvieron mucho tiempo para hacerlo.

"Me parece que eso es una vergüenza, que vengan a decir una cosa cuando en la práctica los efectos son los mismos o peores, porque los mineros informales van a tener un año y medio más de plazo. El Congreso al menos tenía cierto cuidado en ampliar el Reinfo por un año, aquí estábamos por ampliar dos años, pero luego retrocedieron y ahora tendremos un año y seis meses más de un Reinfo camuflado que, en la práctica. va a seguir perpetuando la impunidad", señaló a Perú21.

El también vocero del Observatorio de Minería Ilegal (OIM) cuestionó el rol que se le pretende dar al Banco de la Nación para poder abrir cuentas a los mineros informales y artesanales. Según dijo, no hay certeza del origen del oro que se produce en Perú y se exporta al exterior, por lo que alertó que esta situación abriría la puerta a que ingrese dinero de origen ilegal al sistema financiero.

"Me temo que este tipo de iniciativas lo que hará es poner al Perú en una situación de riesgo, porque obviamente esto podría ser cuestionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o llevarnos a incumplir sus recomendaciones (...) si no tenemos certezas sobre el origen del dinero y estoy creando las cuentas bancarias, puede ser que el dinero de origen ilegal o del producto de una actividad ilegal esté ingresando al sistema financiero y lavándolo. Es decir, vamos a convertirnos en un mecanismo de lavado de dinero de origen ilegal", apuntó.

Gálvez también mostró su preocupación frente a la propuesta de fijar un plazo de reducción gradual del uso del mercurio, pese a que -según dijo- el uso de este metal líquido está prohibido en el Perú desde hace una década. 

"Precisamente es eso (mercurio) lo que está destruyendo el medio ambiente, en las zonas de lavaderos. ¿Cómo es posible que no se infrinja de una vez el uso del mercurio? También hay que ver la trazabilidad de dónde viene ese mercurio, porque hay un mercado negro de este producto, hay un contrabando porque está prohibido; sin embargo, esta propuesta lo flexibiliza", acotó, tras precisar que la iniciativa sobre el uso de explosivos también genera preocupación y debería corregirse.

¿FIN A LA PROTECCIÓN LEGAL?

En otro momento, Ipenza consideró que la gran ausencia en la propuesta de la Ley MAPE es la no eliminación de la exención de responsabilidad penal que tienen los mineros inscritos en el Reinfo y que les brinda una especie de protección legal; es decir, no pueden ser investigados ni intervenidos durante los procesos de interdicción minera. 

"En abril del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) señaló que se debía eliminar la exención de la responsabilidad penal, civil y administrativa en cualquier proceso permanente o temporal de la formalización minera y, en este caso, el Ejecutivo ha incumplido esa sentencia, porque en su proyecto de ley ni siquiera ha propuesto que se debe eliminar esa figura", enfatizó.

A juicio de De Vinatea, una vez que el Reinfo concluya el próximo 31 de diciembre, la cobertura legal y protección que tenían estos mineros informales también dejaría de existir.

"Esa es la interpretación que hacemos nosotros; sin embargo, consideramos que la norma podría ser más precisa (...) no se puede permitir que, por ejemplo, inicie un nuevo año y un nuevo proceso de formalización y estos mineros sigan teniendo este manto de impunidad o de protección legal", sostuvo.

En respuesta, Shinno aclaró este punto. Explicó que el fin del Reinfo implicará que los mineros informales dejen de contar con esta protección legal. En ese sentido, sostuvo que sus actividades podrán ser investigadas y sancionadas conforme a la legislación vigente.

"El Reinfo termina el 31 de diciembre de este año con todo el paraguas que tiene de protección legal, porque ni siquiera se puede denunciar a los mineros ilegales por los delitos ambientales que puedan cometer en sus actividades", recalcó el ministro la semana pasada en entrevista con radio Exitosa.

NO SE EXTENDERÁ EL REINFO

Ante el poco tiempo que hay para que el Congreso apruebe la propuesta de Ley MAPE antes del 31 de diciembre, Shinno pidió a los legisladores que aceleren la revisión y aprobación de dicho documento.

"Efectivamente, el tiempo es corto y en todo caso pedimos la buena voluntad para ver como esto puede correrse en la Cámara de Diputados y el Senado (...) yo soy muy optimista y esperemos que hacia fin de año podemos tener una solución, pero todo está en manos del Congreso", dijo a Canal N, tras precisar que ya ha sostenido reuniones con dos bancadas parlamentarias. Añadió que entre el miércoles y viernes dialogará con otros dos grupos más.

Ante el eventual escenario de que la Ley MAPE no se apruebe hasta fines de diciembre, Shinno descartó que se vaya a impulsar una nueva ampliación del Reinfo. "Nosotros desde un inicio hemos dicho que estamos en contra de la extensión del Reinfo, que debe terminar el 31 de diciembre de este año", enfatizó.

De Vinatea coincidió con Shinno y aseguró que el Reinfo no puede continuar más allá del 31 de diciembre de este año. Recordó que existen mecanismos legales, como la Ley General de Minería y la Ley de Promoción de la Minería en Pequeña Escala y Artesanal, que permiten continuar con el proceso de formalización, pese a que el Parlamento aún no haya aprobado la Ley MAPE.

"Tenemos que tener claridad en que el Reinfo no puede ir más allá del 31 de diciembre de 2026 y en eso todos tenemos que estar alineados y hacer fuerza (...) esto tiene que acabar y la gente tiene que entender que si quieres desarrollar actividad minera en el país, como en cualquier lugar del mundo, requieres de autorizaciones, estudios previos, entre otros requisitos", puntualizó.

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