En una medida de reestructuración para descongestionar el sistema de justicia y optimizar la celeridad en la tramitación de expedientes, el Poder Judicial, a través de la Presidencia del Consejo Ejecutivo, oficializó la Resolución Administrativa N° 000105-2026-P-CE-PJ, publicada el 2 de octubre del 2026 en el diario oficial El Peruano. Con esta disposición se dispone la prórroga de funcionamiento de decenas de órganos jurisdiccionales transitorios distribuidos en más de 20 distritos judiciales del país, además de establecer pautas para la redistribución de carga procesal y el ajuste de turnos judiciales.
La decisión institucional responde a una evaluación técnica elaborada por el Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, la cual no solo mide la sobrecarga existente en los despachos permanentes, sino también el nivel resolutivo y la productividad de cada tribunal. Bajo este esquema, la extensión del periodo de funcionamiento se ha graduado según el desempeño: los despachos con indicadores óptimos y roles estratégicos en materias complejas, como Extinción de Dominio y Delitos de Corrupción de Funcionarios, recibieron prórrogas de seis meses (hasta el 31 de marzo de 2027), mientras que otros juzgados obtuvieron extensiones de tres a cuatro meses en atención a sus necesidades de ajuste y agendamiento.
Entre las acciones operativas más destacadas de la norma se encuentra la redistribución excepcional de expedientes para aliviar despachos en situación de saturación. Por ejemplo, en el Distrito Judicial de Áncash se aprobó el traslado de 73 causas por corrupción de funcionarios hacia el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio. Un mecanismo similar se aplicará en Piura, donde procesos por agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar e incumplimiento de obligación alimentaria que tenían audiencias agendadas hasta los años 2027 y 2028 serán derivados a juzgados transitorios para agilizar su resolución. Asimismo, la medida contempla cierres y aperturas temporales de turno en distritos como Huaura y Loreto para equilibrar el ingreso de nuevos expedientes entre órganos del mismo fuero.
Más allá de la reorganización de la carga procesal, la máxima instancia del Poder Judicial fijó una directriz sobre la gestión institucional y el rendimiento funcional. La resolución ordena a las Presidencias de las Cortes Superiores supervisar el cumplimiento de los estándares de producción, depurar inconsistencias en los registros de datos del Sistema Integrado Judicial (SIJ) y evaluar la continuidad de los magistrados provisionales y supernumerarios que registren bajos niveles de productividad. El objetivo integral apunta a garantizar un servicio de justicia transparente y célere, reforzado por el uso obligatorio del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) y la Agenda Judicial Electrónica.
