El Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de hábeas data y ordenó la eliminación de publicaciones periodísticas que vinculaban erróneamente a la demandante con hechos delictivos. Determinó que, tras más de diez años y al no existir responsabilidad penal ni congresal, la información había perdido interés público y su permanencia vulneraba los derechos al olvido, al honor y a la buena reputación.