La Corte Suprema precisó que la vía idónea para cuestionar la validez de una actuación fiscal que pudiera ser arbitraria y vulnerar las garantías legales y constitucionales reguladas es la vía de tutela de derechos, más no el mecanismo procesal regulado en el artículo 337, numeral 4, del Código Procesal Penal, en tanto este permite a las partes procesales solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que considere pertinentes, útiles y conducentes para el esclarecimiento de los hechos imputados.