La Corte Suprema precisó que la suspensión de la pena privativa de libertad, prevista en el artículo 57 del Código Procesal Penal, no es un derecho del procesado, sino una facultad discrecional del juez basado en fines de prevención especial. Por tal motivo, el juez puede optar por imponer una pena privativa efectiva en caso advierta que las condiciones personales del procesado impiden una prognosis favorable a su resocialización mediante la pena privativa de libertad suspendida. No obstante ello, no es facultativo que el juez omita analizar la procedencia de imponer la suspensión de la pena privativa de libertad y, consiguientemente, motivar su decisión.
¿Puede el juez imponer una pena privativa de libertad efectiva, pese a concurrir los presupuestos legales para su suspensión, sin efectuar una motivación de ello? [ Casación N.º 268-2024- Ayacucho]
Jurisprudencia aplicable al artículo 57 del Código Procesal Penal.
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