La Corte Suprema señala en este caso que la única prueba de cargo contra el acusado fue la declaración preliminar del agraviado, quien posteriormente no reiteró la supuesta amenaza con arma de fuego y señaló que las agresiones físicas ocurrieron antes e independientemente de la sustracción de los bienes de su coagraviado. En consecuencia, al no acreditarse que la violencia se empleara para facilitar el apoderamiento, los hechos configuraban únicamente el delito de lesiones leves, cuya acción penal ya había prescrito.