La Corte Suprema señala que la configuración del delito imprudente exige la infracción del deber objetivo de cuidado, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la imputación objetiva del resultado, cuya producción debe haber sido previsible y evitable. Asimismo, precisa que la responsabilidad debe evaluarse considerando la capacidad individual del agente para cumplir el deber exigible. En el caso concreto, advierte que el médico no habría valorado el agravamiento del dolor abdominal ni las reiteradas interconsultas, manteniendo un tratamiento conservador pese a la evolución de la patología, circunstancias que permiten inferir una actuación contraria al deber de cuidado y vinculada al fallecimiento de la paciente.