La autoincriminación recabada durante un examen psicológico a un imputado con retardo mental carece de validez jurídica al no haberse realizado ante juez o fiscal ni contar con abogado defensor. A esto se suma que la pericia de ADN dio resultado negativo y las sospechas familiares no fueron sometidas a contradicción ni se advirtió la facultad de abstención. Al no existir pruebas suficientes ni acreditarse la autoría, se mantiene incólume la presunción de inocencia.