La inhabilitación política impone una restricción al derecho de acceso al empleo público, ya sea por designación o mediante concurso público de méritos. En consecuencia, si un servidor cuenta con inhabilitación política vigente, la entidad no podría asignarle funciones, pues, en principio dicho servidor está impedido de desempeñar función pública durante la vigencia de dicha inhabilitación, con independencia del régimen laboral de contratación.