Suman seis las comisiones de la Cámara de Diputados que se han opuesto al otorgamiento de las facultades solicitadas por el Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana. El principal rechazo provino de las bancadas de izquierda.

La negativa se produjo en las comisiones de Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia. Este jueves se sumó la de Justicia, que preside la legisladora Catherin Palomino (Juntos por el Perú), vinculada al golpista Pedro Castillo. 

En el otro extremo, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

La Comisión de Economía, en tanto, tiene previsto debatir el tema el lunes 14 de setiembre.

—Mayoría gana— 

Este jueves por la mañana, la Comisión de Justicia presentó un informe consultivo que concluyó que no era viable el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo.

En el documento, al que accedió este Diario, se sostiene que el contenido de la propuesta “no cumplía con la exigencia constitucional de precisar las materias a regular”.

“Por lo expuesto, esta comisión considera no viable la delegación de facultades legislativas respecto de los temas comprendidos en materia relacionada con la normativa penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria por no cumplir con la exigencia de precisión material que impone el artículo 104 de la Constitución”, concluyó el contenido.

No ahondó sobre el fondo del caso y solo se plegó al documento general del pedido de facultades. Es decir, la comisión omitió analizar la exposición de motivos, una situación que en medio de la sesión fue alertada.

Cuando el caso fue sometido a debate, la mayoría del grupo de trabajo respaldó el informe y, en consecuencia, se opuso a la solicitud del Gobierno.

A favor del informe votaron Catherin Palomino, Alejandro Manay, César Tito y Daniel Varas, de Juntos por el Perú. A ellos se sumaron Edgar Gonzáles, Rosaana Alayza y Romina Uribe, del Partido del Buen Gobierno.

En el mismo sentido votaron Indira Huilca y César Holguín, de Ahora Nación; así como Heber López y Luis Masco, del Partido Cívico Obras.

Los votos en minoría correspondieron a José Baella y Roxana Rocha, de Renovación Popular; y a Karina Beteta y Carlos Zegarra, de Fuerza Popular.

En total, fueron 11 votos a favor y cuatro en contra.

—Denegatoria— 

Antes de la votación, la diputada Roxana Rocha tomó la palabra y pidió a Palomino un cuarto intermedio para que el equipo técnico de la comisión reevaluara el informe, considerando las más de 400 páginas de exposición de motivos, las explicaciones brindadas por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y las recomendaciones de especialistas.

La legisladora, además, tenía una fórmula legal alternativa al informe, en la que argumentaba punto por punto la materia de seguridad ciudadana.

Sin embargo, ningún punto fue atendido por la mesa directiva del grupo de trabajo, en particular por Palomino, quien, en lugar de someterlo a consideración como se acostumbra, señaló que el informe había sido remitido a cada despacho y que no recibió aportes. También cuestionó que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, no participara de la sesión, pese a haberse comprometido a hacerlo.

Tras estos argumentos, Palomino sometió a votación únicamente el contenido del informe.

Rocha dejó constancia de que su pedido no había sido tomado en cuenta.

“Me tomé el trabajo de proponer una fórmula legal precisa, acotada, entonces le pedí a la presidenta que pusiera al debate un cuarto intermedio para poder exponerlo a todos mis colegas, y me sorprendió que me dijera que es una prerrogativa de ella, lo cual lo tomé como una actitud obstruccionista como parte de ella”, manifestó tras su salida del grupo de trabajo.

—¿Qué vendrá después?—

Por lo pronto, las opiniones de las comisiones a las que Constitución solicitó una postura respecto del pedido de facultades no son vinculantes. Es decir, no tienen un efecto sobre el fondo del proyecto ni obligan a modificar su contenido.

Tras la deliberación de todos los grupos de trabajo, la Comisión de Constitución deberá elaborar un dictamen. En paralelo, las bancadas podrían plantear un dictamen en minoría.

Agotada esta instancia, la propuesta irá al pleno del Congreso y requerirá la votación de una mayoría simple, al tratarse de una ley ordinaria.

José Elice, exoficial Mayor del Parlamento, aseguró que si el dictamen en mayoría es rechazado, “entra el de minoría”. “En el curso del debate puede haber la casualidad de llegar a un acuerdo y aprobar un texto sustitutorio”, afirmó.

En caso de que la Cámara de Diputados no apruebe ningún contenido, el Senado no podrá aprobar ninguna propuesta.

“Si no hay ley aprobada en Diputados, no hay ley que pueda debatir o aprobar el Senado. Si no hay ninguna aprobación, el caso queda ahí”, agregó.

Elice sostuvo que, si la proposición es rechazada en su totalidad, el Ejecutivo deberá presentar otro proyecto.

“Este tendría que pasar por todo el trámite normal porque es una ley ordinaria”, añadió.

Finalmente, dejó claro que las opiniones de las comisiones no son vinculantes, pues estos órganos sirven al pleno y es este último el que decide en última instancia.