Preocupación y temor ha generado el anuncio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de reorganizar el subsistema de fiscalías especializadas en derechos humanos, interculturalidad y terrorismo, con el objetivo, anunció, de investigar las muertes y los actos de violencia en las marchas ciudadanas de diciembre último.

Estas fiscalías constituyen un subsistema pequeño, que tiene como coordinador al fiscal superior Luis Enrique Valdivia Calderón. Hoy cuenta con apenas dos fiscalías superiores nacionales y 10 fiscalías supraprovinciales en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).

Por eso mismo, la fiscal de la Nación habló de crear otras tres fiscalías en Madre de Dios, Ucayali y La Libertad, que ahora no existen. Este subsistema nació en noviembre del 2004, a partir de las fiscalías de terrorismo que funcionaron en todas las provincias del país en el siglo XX. Al disminuir su carga laboral, se les adicionó otras competencias.

Así, empezaron a investigar el delito de apología al terrorismo, delitos contra la humanidad, delitos comunes que constituyen violación de DDHH, delitos de homicidio, lesiones y extorsión contra periodistas y, desde el 2021, delitos contra los defensores de DDHH.