El gobierno de Pedro Castillo aumentó el presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que saltó de S/64,4 millones en el 2021 a S/70 millones en este año. Esto es, subió casi el 8%.

Pero la cifra es menor respecto al 2014, durante el régimen de Ollanta Humala, que llegó a los 119,4 millones de soles. Luego de un incidente de presunto espionaje a políticos de oposición y a periodistas, en el 2015, bajó sustancialmente el monto: 66,5 millones de soles. Casi 7 años después, los recursos de la DINI vuelven a experimentar un aumento.

Como puede apreciarse en el recuadro, los principales componentes del gasto de los recursos de la DINI indican que la mayor parte se dirige a la Inteligencia y la Contrainteligencia.

En el 2010, el 72,5% del gasto de la DINI se destinaba a estas funciones mencionadas. En el 2022, en el gobierno de Castillo, ahora representa el 78,7%.

La última reconfiguración importante de la DINI se produjo mediante el Decreto Legislativo 1141, publicado el 11 de diciembre del 2012, de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la DINI.

Como indica la norma, la DINI es entidad rectora de los “organismos y órganos del Estado funcionalmente vinculados (...), que producen Inteligencia Nacional, Inteligencia Militar e Inteligencia Policial, y ejecutan medidas de contrainteligencia en las áreas de su responsabilidad”. Es un esquema muy diferente a la organización que impusieron Fujimori y Montesinos. Aunque la DINI también cuenta con “fondos reservados”.

“Todo órgano de inteligencia tiene gastos de fondos reservados que están establecidos por la ley. Con la caída del SIN, estos fondos se redujeron al mínimo, pero durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala aumentaron considerablemente las partidas porque se destinaron a comprar equipos de interceptación telefónica para la lucha contra el crimen organizado. Es importante indicar que estos fondos pueden ser perfectamente auditados por la Comisión de Inteligencia del Congreso, en sesión de carácter reservado y con asesores juramentados. Todo es fiscalizable. La propia DINI cuenta con un órgano de la Contraloría”, explicó el exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia Andrés Gómez de la Torre.