Moody’s Ratings afirmó la calificación crediticia de Perú en Baa1, con perspectiva estable, al considerar que una menor incertidumbre política puede favorecer la inversión y la aplicación de políticas públicas.

La agencia también destacó la baja deuda pública, la capacidad de pago y los colchones fiscales del país, aunque advirtió sobre riesgos vinculados al gasto permanente, la fragmentación partidaria y las dificultades para ejecutar proyectos.

Moody’s espera que la estabilidad política reduzca las disrupciones

La decisión se conoció tras la reunión del comité de clasificación del 17 de septiembre de 2026. Moody’s sostuvo que el escenario surgido de las elecciones de junio reduce la posibilidad de que cambios frecuentes de autoridades y gabinetes afecten la actividad económica o interrumpan las decisiones fiscales.

Para la calificadora, una relación más equilibrada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso puede dar a la nueva administración mejores condiciones para avanzar con sus prioridades durante todo el mandato presidencial. Aun así, remarcó que no existen pruebas de una mejora estructural en la calidad institucional.

Los partidos conservan una presencia débil y el gobierno no cuenta con mayoría propia en el Congreso. Por ese motivo, la continuidad de las reformas dependerá de acuerdos políticos y de avances concretos en productividad, formalización laboral, calidad del gasto público e inclusión financiera.

Minería e infraestructura sostendrían crecimiento hasta 2031

Perú cuenta con una cartera de inversiones mineras que, según Moody’s, puede impulsar la construcción, ampliar la capacidad productiva, elevar las exportaciones y reforzar los ingresos públicos. La agencia sumó a ese escenario los proyectos de infraestructura y las asociaciones público-privadas en energía y transporte.

La proyección base contempla que el producto bruto interno crezca entre 3% y 3,5% en 2026 y 2027. El cálculo incorpora los efectos temporales de El Niño sobre la agricultura, la pesca, el transporte y otras obras de infraestructura.

Moody’s prevé que la magnitud del impacto dependerá de los daños, del ritmo de la reconstrucción y de la preservación de la inversión privada. La agencia consideró que los recursos fiscales disponibles reducen la posibilidad de una contracción prolongada.

Entre 2028 y 2031, la entidad estima un crecimiento promedio cercano al 3,5%, apoyado en la ejecución de inversiones en minería e infraestructura. Sin embargo, señaló que persisten obstáculos como las demoras en permisos, los conflictos sociales, la minería ilegal y las limitaciones del Estado para implementar políticas.

La deuda pública seguiría cerca del 30% del PIB pese a El Niño

La calificadora destacó que la deuda del sector público peruano se encuentra entre las más bajas de los países con nota Baa. Bajo su escenario central, el indicador se mantendría en torno al 30% del producto bruto interno en el mediano plazo, incluso si el gasto por El Niño retrasa la consolidación fiscal.

La posición fiscal se apoya también en el acceso a financiamiento local e internacional y en la capacidad de afrontar obligaciones. En 2025, el balance financiero del gobierno general fue equivalente al -2,4% del PIB, mientras que la deuda externa representó el 29%.

No obstante, Moody’s alertó que los aumentos en salarios y prestaciones del sector público, aprobados en los últimos años sin ingresos compensatorios, pueden limitar el margen para inversiones y medidas anticíclicas. También advirtió que el uso de ingresos temporales de materias primas para cubrir gastos permanentes deterioraría la trayectoria fiscal.

Moody’s: perspectiva refleja riesgo equilibrado para nota soberana

La perspectiva estable combina la expectativa de mayor crecimiento e inversión con los riesgos de ejecución y las presiones fiscales. La agencia considera que la baja deuda permitirá financiar la reconstrucción tras El Niño, siempre que los efectos climáticos sean transitorios y los nuevos compromisos de gasto permanezcan contenidos.

Moody’s identificó posibles factores para una mejora de la nota, como un fortalecimiento del sistema judicial, mayor control de la corrupción, una administración pública más eficiente y avances en recaudación tributaria. Una nueva crisis política o un deterioro sostenido de las cuentas públicas podría provocar una baja de la clasificación.