Más de 200 entidades del ámbito del Poder Ejecutivo ya cuentan con sus oficinas de integridad institucional que trabajan de manera dedicada y exclusiva el tema, mientras que 13 de los gobiernos regionales adoptaron la misma decisión.
Así lo afirmó el secretario de Integridad Pública, Eloy Munive Pariona, quien manifestó que el Decreto Supremo N° 1327, del 2017, estableció que la función de integridad se debe ejercer en todas las entidades del aparato estatal.
“Ahora, respecto a la implementación, existen instituciones que, por ejemplo, conformaron sus unidades especiales denominadas oficinas de integridad institucional que trabajan de manera dedicada y exclusiva el tema”, aseveró.
El funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) descartó que, en este caso, se haya otorgado a un servidor una tarea adicional a sus labores. “Son grupos que trabajan de manera dedicada y exclusiva. Es algo muy positivo”, recalcó al Diario Oficial El Peruano.
“En un balance que efectuamos, más de 200 entidades del Ejecutivo ya cuentan con estas unidades. En las instituciones que no las tienen, lo que existe es una responsabilidad de la máxima autoridad administrativa, llámese secretaría general o gerencia. La función se ejerce, pero sin una unidad específica”, detalló.
Respecto a los gobiernos regionales, Munive dijo que 13 ya establecieron las unidades exclusivas. “En el resto, 12, la responsabilidad la asumió el gerente general regional”, anotó.
Sobre las municipalidades, el funcionario de la PCM reveló que el desarrollo del proceso todavía está en una etapa inicial. “Existen algunos gobiernos locales con su oficina de integridad, pero en la mayoría de las comunas provinciales y distritales aún la responsabilidad es del gerente municipal”, informó.
Orientaciones
El funcionario de la PCM explicó que las oficinas especiales y las autoridades administrativas correspondientes tienen a su cargo el cumplimiento del modelo de integridad pública, que es el estándar peruano en la materia y tiene nueve componentes.
“Estos constituyen básicamente un conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva en las entidades estatales. Cada uno de ellos posee un valor específico y muy importante”, enfatizó.
Munive resaltó que uno de los componentes en el que se alcanzó un avance significativo se vincula al compromiso de alta dirección del aparato estatal.
“El hecho de que las mediciones de los avances en la implementación del modelo de integridad se presenten y analicen en consejos de ministros es una noticia importante que marca el nivel de involucramiento de los principales funcionarios del país”, aseguró.
En este aspecto, mencionó al Presidente de la República, los ministros de Estado y todos los altos funcionarios en cada una de las entidades públicas involucradas en elevar los estándares de integridad.
El funcionario manifestó que se elevaron también los procesos de transparencia. “Hay muchos más estándares de que esa transparencia no solo implique publicidad e información, sino también exista data reutilizable, es decir que la gente la pueda usar para investigaciones”, agregó.
Refuerzo
“De lo que hemos aplicado, uno de los componentes que necesita un fortalecimiento adicional está vinculado a la gestión de riesgos. Se alcanzó un avance importante en identificar los riesgos que es clave, porque nos permite atender los aspectos que pueden dar paso a acciones de corrupción”, subrayó.
Munive refirió que las instituciones estatales gestionan adecuadamente los riesgos, se estarán anticipando oportunamente a que pueda ocurrir cualquier acto de corrupción en las entidades públicas. “Es un tema que se ha avanzado, pero que se necesita fortalecer aún más”, reafirmó.
El trabajo, refirió, es de mediano plazo y constituye un esfuerzo que requiere la participación en las entidades públicas de las diferentes unidades orgánicas para un proceso de análisis y de establecimiento de acciones para que se puedan mitigar esos riesgos.
“Otro de los aspectos que también se necesita fortalecer es el tema de la comunicación y capacitación interna. Es decir, debemos reforzar el trabajo que se ejecuta en las entidades públicas vinculado a generar mayores niveles de comunicación interna y procesos de capacitación”, señaló.
La capacitación en integridad, que está vinculada a la ética pública, tiene que ser permanente y orientada a la parte práctica, precisó. Es decir, añadió, lo que deben aprender los servidores es entrenarse en responder a los problemas éticos.
Análisis de percepción
“Cuando evaluamos resultados en función de algunos elementos de percepción y análisis, por ejemplo, hay uno que se denomina el test de percepción del clima ético, encontramos que más del 90% de los funcionarios señalaban como principal fuente de formación en valores a la familia”, reveló el secretario de Integridad Pública.
En este aspecto, Munive resaltó la importancia de lograr que se considere también a las entidades públicas como un espacio relevante en la formación, porque permitirá que la función que ejecutan los empleados estatales esté alineada a la generación de valor público y al beneficio de las personas.
“Tenemos que lograr que en las entidades públicas se den espacios fuertes, transversales, en los cuales se puedan promocionar la ética y concretar el entrenamiento para responder a problemas éticos, a situaciones comunes que suceden y en los que a veces el servidor público no sabe qué hacer. No se tienen los canales específicos para responder a esas inquietudes”, puntualizó el representante de la PCM.
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