En este diario hemos escrito, ya, varios reportajes sobre el poder criminal de Los Pulpos de Trujillo comandada por los Cruz Arce o los Cruz Torres. Los tres atentados con bombas en la ciudad norteña en lo que va del año son solo una consecuencia de su actuar terrorista que no empezó ayer, sino que es fruto de la complicidad de malos agentes de la policía, políticos que no saben cómo gestionar la criminalidad y de abogados defensores de delincuentes que cuando toman algún puesto público no pueden desprenderse por completo de sus compromisos oscuros y aprovechan el cargo para traficar influencias.
El último gran escándalo en el gobierno de Dina Boluarte tiene mucho de todo lo anterior. Pero lo más grave aún es comprobar cómo el poder de Los Pulpos pudo infiltrarse en el núcleo del Estado, y el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tiene parte de responsabilidad en esto.

Los Injertos del K y K, una facción de Los Pulpos, liderada por Miler Cruz Arce (fundador) y Cecilia Torres Cerquín (madre del actual cabecilla Jhonsson Cruz), fueron capturados en agosto de 2016. El Ministerio del Interior recuerda en sus publicaciones que “era una de las organizaciones más violentas que operaba en los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, Alto Trujillo y otras zonas de La Libertad. Acumulaban delitos de sicariato, extorsión, robo a mano armada, asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de armas, lesiones por arma de fuego, entre otros. Sus cuarenta integrantes, que se dedicaban a diversas actividades criminales en Trujillo, eran dirigidos por un cabecilla recluido en el penal de Piedras Gordas”.

Dentro de esos integrantes había dos expolicías: Miguel Marcelo Salirrosas y Eber Juárez Moya—hoy sentenciados— que lograron tener una defensa de primer nivel, con línea directa a la Presidencia del Consejo de Ministros y puertas abiertas al Tribunal Constitucional; en otras palabras, Los Pulpos llegaron al epicentro del poder político - legal del país.  

Organigrama delictivo, según la Policía.

EL TC Y UNA VERDAD A MEDIAS

Los policías Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, y Juárez Moya tienen algo más en común que haber sido detenidos por ser integrantes de Los Injertos de K y K: ambos tuvieron como abogado al hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Cuando era titular del Interior, en 2024, Santiváñez seguía ejerciendo como abogado de Marcelo y tenía el propósito de reducir la condena de 27 años de cárcel que le habían impuesto a su entonces cliente, quien sigue preso.

Las gestiones de Santiváñez Antúnez se demuestran en un audio que grabó uno de los familiares del exsuboficial PNP cuando se reunió con el ministro en su oficina, el 9 de septiembre de 2024, para reclamarle por sus promesas incumplidas.

EL TC Y UNA VERDAD A MEDIAS

Los policías Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, y Juárez Moya tienen algo más en común que haber sido detenidos por ser integrantes de Los Injertos de K y K: ambos tuvieron como abogado al hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Cuando era titular del Interior, en 2024, Santiváñez seguía ejerciendo como abogado de Marcelo y tenía el propósito de reducir la condena de 27 años de cárcel que le habían impuesto a su entonces cliente, quien sigue preso.

Las gestiones de Santiváñez Antúnez se demuestran en un audio que grabó uno de los familiares del exsuboficial PNP cuando se reunió con el ministro en su oficina, el 9 de septiembre de 2024, para reclamarle por sus promesas incumplidas.

Para ese momento, el Tribunal Constitucional (TC) ya había denegado el habeas corpus interpuesto por el investigado para conseguir la liberación de ‘El Diablo’. Por eso, como plan B, buscaba que se redujera la pena ante el mismo TC, algo que había logrado con Eber Juárez tras recurrir a ese organismo.

En ese diálogo en su despacho se escucha a la entonces cabeza del Interior mantener una conversación telefónica con su exasistente Yesenia y hacer referencia al caso de Juárez, cuyo ponente fue el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse.

La conversación fue para consultar si la sentencia que favoreció a Juárez, que tras ella vio reducida su pena de 22 a 16 años de prisión, podía adecuarse al proceso de Marcelo Salirrosas.

“Una pregunta, Juárez, ¿él tampoco tiene organización criminal? (…) se presentaría en la suprema, podría ser una revisión de sentencia extraordinaria en lugar de una adecuación”, señaló Santiváñez.

Gustavo Gutiérrez y compañía declararon fundada la demanda de Santiváñez.

Hace unos días, el magistrado Gutiérrez publicó en su cuenta de Facebook que el TC rechazó en dos oportunidades los pedidos de Santiváñez. Pero no dijo nada del caso Juárez que inicia toda la trama de ‘El Diablo’.

Consultado por este diario, Gutiérrez señaló “no puedo exponer algo que en la Fiscalía tiene reserva”, sin embargo, sobre Eber Juárez recordó que “no se anuló la condena (…) la sentencia (en la que fue el ponente) dispone la motivación de la pena. Son cosas distintas”.  

“Hay que determinar en qué contexto se dieron esas conversaciones y si están editadas. Ese análisis le corresponde a la Fiscalía”, Carlos Caro —abogado de Santiváñez—.

EN PALACIO DE GOBIERNO

Pero no todo quedó en llamadas telefónicas. El mismo Santiváñez, según la transcripción de uno de los audios detallados en la resolución que dictó impedimento de salida del país, aprovechó el Consejo de Ministros para hablar con su entonces colega de Justicia, el hoy premier Eduardo Arana, para pedir que interceda y cambie de pabellón en el penal del Milagro a su patrocinado Miguel Marcelo, condenado por organización criminal.

El 14 de agosto de 2024, el investigado Santiváñez le reitera a la familia de ‘El Diablo’ que hablaría del caso del traslado de pabellón con el ministro de Justicia diciendo “estoy justo con el ministro de Justicia en consejo de ministros”, “ahora le comento”, dice la resolución judicial. Y luego pide el nombre del penal donde estaba recluido Salirrosas, nombres completos y DNI. Para finalmente, sentenciar con un “me han dicho que van a disponer”.

En una revisión rápida de la agenda de la PCM, efectivamente, el 14 de agosto hubo sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno bajo el mando del entonces premier Gustavo Adrianzén.

Más allá de la continuidad en el cargo de Santiváñez o la responsabilidad del aún ministro de Justicia; estos hechos deben prender las alarmas de los filtros políticos judiciales para que las organizaciones de crimen organizado no penetren con facilidad nuestros aún frágiles candados de la legalidad.

TENGA EN CUENTA

â–  Los policías Marcelo Salirrosas y Eber Juárez fueroncondenados como coautores del delito de asociación ilícita para delinquir, antes de que Santiváñez tome sus defensas.
â–  Ayer también se conocióque otro defendido de Santiváñez, en el caso Escuadrón de la Muerte, logró que se anule la sentencia por homicidio que se le impuso. Se trata del expolicía Raúl Prado Ravines. Sin embargo, no podrá dejar el penal porque aún tiene pendiente otra causa con prisión preventiva.