El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la causa iniciada por el abogado Eduardo Pachas a favor del presidente Pedro Castillo en contra de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

Esto, cuatro días después de que ese grupo de trabajo votara a favor del informe que acusa por supuesta traición a la patria al jefe del Estado por haberse mostrado a favor de un eventual referéndum para darle salida al mar a Bolivia.

En realidad, la sesión sirvió para evidenciar que la denuncia carece de un mínimo rigor.

La Comisión Permanente tenía programado continuar hoy con el proceso, pero el jefe del Estado solicitó reprogramar la fecha. De ser aprobado el informe en esa instancia, el debate irá al Pleno.

Pachas señaló que no se ha presentado ninguna prueba de traición a la patria. La SAC, explicó, nunca ha analizado el contenido de la declaración de la frase de Castillo ni la aclaración de este último de que no se le entregaría mar ni territorio a Bolivia.

Citó jurisprudencia en la que se establece que el juez constitucional está habilitado para pronunciarse sobre el abuso de las comisiones del Congreso.

Además, pidió emitir un video en el que aparecen Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García mostrándose a favor de una salida soberana al mar a favor de Bolivia.

“Se puede advertir claramente en el video las declaraciones, todos ellos hablaron de una salida al mar por el puerto de Ilo, y ninguno fue procesado por traición a la patria”, añadió. Según Pachas, hay una especie de linchamiento “propio de la Santa Inquisición”, y en ese sentido pidió que se anule la admisión a trámite de la acusación constitucional.

“Lo que busca el Congreso son votos para vacar al presidente de cualquier forma, de cualquier modo, y ahora abren una puerta de traición a la patria“, estimó.

En representación de la Procuraduría Pública del Legislativo, estuvo el abogado Yuri Iván García Cano. Llamó la atención su intervención, porque, en realidad, fue una defensa bastante débil. Al inicio señaló que no había afectación al debido proceso y que los requisitos se habían cumplido.

Luego, indicó que el Congreso solamente ejercía sus prerrogativas de control político y que la decisión final sobre la denuncia le corresponde tomarla al Pleno del Parlamento y que lo decidido en la SAC es simplemente un “estadio preliminar” sin que se haya tomado una “decisión de fondo”.