En contradicción con la opinión de la presidenta Dina Boluarte, la Justicia castrense no investigará las 22 muertes con arma de fuego ocurridas durante la represión de las marchas que diversos ciudadanos realizaron en Andahuaylas, Ayacucho y otras zonas del país, de acuerdo con fuentes militares consultadas por La República.

En una entrevista periodística, el último domingo, Boluarte señaló que había conversado con los mandos militares para que la Justicia militar investigue las muertes que se habían producido en las protestas.

Al respecto, las fuentes indicaron que el Código Penal Militar y Policial señala que los jueces militares solo pueden juzgar delitos de función y que las violaciones de los derechos humanos corresponden al fuero común.

En la sentencia de inconstitucionalidad de julio de 2015, el TC estableció que los delitos de función tienen relación con los bienes y actividades propias de la actividad castrense y que de haber duda prevalece el fuero común.

Además, se estableció que, en su actuación, las Fuerzas Armadas deben respetar los derechos humanos y la protección a las personas.