Siguiendo los pasos de Dina Boluarte, el presidente de la república encargado José María Balcázar busca también hacerse de una tarjeta electrónica para disponer de 5,000 soles mensuales para la compra —según información oficial— de abarrotes, verduras, frutas, carnes, lácteos, entre otros.

Este monto es adicional a la partida que con el mismo fin ya está contemplada en el presupuesto asignado al Despacho Presidencial (DP) para este año por lo que finalmente podría interpretarse como una suerte de aumento de sueldo encubierto en favor del mandatario.

El 25 de febrero último, siete días después de haber sido designado Balcázar presidente de la república, el Despacho Presidencial convocó a un proceso de selección para la contratación de un servicio de vales de consumo a través de tarjetas electrónicas mediante un concurso público abreviado de servicios.

De acuerdo al requerimiento, el postor debe otorgar al DP “una tarjeta electrónica recargable por el valor total máximo de 60,000 soles por un plazo de 365 días calendario”.

Con recarga

En la convocatoria a concurso público se precisa que el monto de recarga de la tarjeta será de 5,000 soles mensuales sin topes de consumo diario. De igual manera, se señala que no habrá límites de consumo mensual, por lo que de gastarse eventualmente los 5,000 soles antes de fin de mes podrá solicitarse una recarga. Teniendo en consideración que el monto anual es de 60,000 soles, esa suma podría, en consecuencia, agotarse en pocos meses.  

De acuerdo a las características técnicas estipuladas, la tarjeta electrónica servirá para adquirir abarrotes, verduras, frutas, carnes, pescados y mariscos, embutidos, lácteos, panadería, alimentación, bebidas no alcohólicas, entre otros”. Esta última referencia a “otros” dejaría a interpretación del beneficiario los bienes que podrían adquirirse. Se indica también que la atención de las tiendas y o sucursales de los establecimientos afiliados al contratista deberá ser de lunes a domingo incluyendo feriados.

Confidencialidad

En los términos de referencia se consigna igualmente una cláusula de confidencialidad, según la cual “el proveedor y su personal se obligan a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones del Despacho Presidencial a los que tenga acceso durante la ejecución del contrato”.

En ese sentido, subraya que el proveedor y su personal “deberán abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta a personas naturales o jurídicas, salvo autorización expresa y por escrito de la entidad”.

“Además, el proveedor y su personal convienen en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es confidencial y de propiedad de la entidad” por lo que no podrán “usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del presente contrato”, subraya.

En julio del año pasado, la entonces presidenta Dina Boluarte reactivó este beneficio que se encontraba suspendido desde la gestión de Pedro Pablo Kuczynski alegando que se amparaba en la legislación vigente. La última vez que se otorgó fue en 2018. Así lo confirmaron en su momento Francisco Sagasti y Martín Vizcarra.

Perú21 requirió la versión de la Presidencia de la República sobre este tema, pero no hubo ninguna respuesta.

TENGA EN CUENTA

Según los términos de referencia, la tarjeta podrá “participar en ofertas, promociones y sorteos vigentes” de los establecimientos afiliados al contratista en todo Lima Metropolitana.

Con ella se podrá adquirir “de libre disponibilidad, cualquier producto perecible y no perecible en todas las tiendas o sucursales de los comercios afiliados al contratista”.

Se precisa, además, que no está permitido el retiro de dinero en efectivo.

OPINA

José Luis Gargurevich

Director ejecutivo de Proética

"Hay intención de ocultar información"

Hay dos cosas que me llaman la atención. Una es la celeridad de aceptar un beneficio tan rápido, sin una reflexión de por qué esos beneficios son necesarios, y segundo, me sorprende que haya una cantidad de cláusulas de liberalidad sobre cómo se hace uso de ese dinero, sin topes semanales ni mensuales, con cláusulas de confidencialidad con los proveedores que no pueden decir en qué se está gastando el dinero. 

Cuando llegas a ese nivel de opacidad puedes entender que hay algo extraño, que no hay una voluntad de rendir cuentas sobre el dinero que te están dando como beneficio.  

Esas son las dos grandes alertas porque es un beneficio que otros presidentes han declinado en su momento, o sea, han demostrado que no era 100% necesario. (…) Lo que más se necesita es mucha transparencia en la revisión de cuentas; si están aprobando estas cláusulas es porque hay una intencionalidad más bien de ocultar información.