La Junta Nacional de Justicia juramentó a Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, basándose en información incompleta y falsa sobre la conducta del nuevo funcionario.
En 2014, el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta denunció a Fernández Jerí ante el Ministerio Público con base en la declaración de la ciudadana Yanet Guerrero Mego, por haber pretendido cobrarle una coima de 80.000 soles a cambio de excarcelar a su padre.
El caso fue archivado el 29 de noviembre del 2017 por el fiscal supremo ‘cuello blanco’ Víctor Rodríguez Monteza, sin investigar los hechos y ni siquiera recoger el testimonio de la denunciante.
La Procuraduría Anticorrupción, al tomar conocimiento formal, rechazó el archivamiento y solicitó la elevación de los actuados. Pero el 11 de julio último, el titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Pablo Sánchez Velarde, declaró infundado el recurso presentado por la Procuraduría Anticorrupción.
Luego, la Procuraduría interpuso nulidad de lo resuelto por Sánchez. El 10 de agosto, Pablo Sánchez declaró improcedente la nulidad.
A pesar de que contaba con el testimonio directo de Yanet Guerrero, el JNJ se basó en la resolución de Pablo Sánchez para rehabilitar a Fernández Jerí y ratificarlo como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, una posición clave que debería ser asumida por un profesional impoluto, y no una persona A pesar de que contaba con el testimonio directo de Yanet Guerrero, el JNJ se basó en la resolución de Pablo Sánchez para rehabilitar a Fernández Jerí y ratificarlo como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, una posición clave que debería ser asumida por un profesional impoluto, y no una persona señalada por haber intentado cobrar una coima de 80.000 soles.por haber intentado cobrar una coima de 80.000 soles.
La República detectó que la resolución del fiscal supremo Pablo Sánchez, en la que sustentó la JNJ para nombrar a Fernández Jerí, contiene falsedades sobre el caso:
Por ejemplo, Sánchez afirma que no se consiguió demostrar que Yanet Guerrero viajó a Lima en la empresa de transportes Civa el día que según ella se reunió con Juan Fernández Jerí y este le solicitó los 80.000 soles. Es falso, porque Guerrero acreditó que se desplazó a Lima un día antes de la cita acordada con Fernández Jerí.
Pablo Sánchez también sostiene que el levantamiento de las comunicaciones no encontró llamadas telefónicas entre el abogado Richard Guerrero Dávila —el intermediario de Yanet Guerrero con Fernández Jerí— y la secretaria de este, Nilda Caja Culqui, para concertar el encuentro. Sin embargo, está probado que las llamadas telefónicas fueron directamente entre Yanet Guerrero y Nilda Caja, no entre Richard Guerrero y Nilda Caja.
Por si fuera poco, 2 de los 9 integrantes de la JNJ votaron en contra del nombramiento de Fernández Jerí porque no habían recibido toda la información sobre el caso.
En efecto, en la fundamentación de su voto, Aldo Vásquez Ríos alegó que los integrantes de la JNJ no habían recibido la información completa sobre el caso de Fernández Jerí: “Disiento de la decisión de concluir la fase de deliberación que acordó el mismo Pleno sin que la JNJ haya recibido aún la carpeta fiscal relativa a la investigación realizada respecto del señor Juan Fernández Jerí, y sin que se tenga conocimiento sobre el resultado del recurso de nulidad”, argumentó Aldo Vásquez.
Mientras que Antonio de la Haza Barrantes, quien en un principio estuvo a favor del nombramiento de Fernández Jerí, decidió cambiar su voto porque consideraba que la versión de Fernández Jerí no era consistente. Irónicamente, Fernández Jerí se encargará de la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público.
