El fiscal supremo Helder Terán pidió al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y dos de sus principales alfiles durante su mandato de 17 meses: los exministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado.
En su requerimiento, al que accedió Perú21, se indica que Castillo estuvo detrás del direccionamiento de millonarias obras públicas. Una de ellas el Puente Tarata, ubicado en San Martín, y que estaba valorizada en más de S/304 millones.
Las evidencias apuntan a que, en 2021, el entonces ministro de Transportes, Juan Silva, facilitó la licitación en favor del Consorcio Puente Tarata III luego de que la lobista Karelim López visitara a Castillo en Palacio y en la casa de Sarratea. López era representante del referido consorcio.
Por este caso, la solicitud de prisión preventiva también se extiende a Silva, quien está prófugo desde el año pasado.
El caso de Vivienda está referido al direccionamiento de las obras de saneamiento comprendidas en el Decreto de Urgencia 102-2021, y cuyo valor sumado asciende a S/500 millones.
Según la investigación, los “asesores en la sombra” de Castillo estuvieron detrás de la elaboración de la norma y se distribuyeron los proyectos con la venia del entonces presidente y del exministro del sector Geiner Alvarado, para quien también se solicitó prisión preventiva.
El último hecho ilícito que se atribuye al exmandatario es por su participación en el contrato que suscribió Petroperú con la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) para la compra de biodiésel por US$74 millones.
Días antes de la adjudicación del contrato, el dueño de HPO, Samir Abudayeh, se reunió con Castillo en Palacio y con el entonces gerente general de la empresa estatal Hugo Chávez, según los registros de visitas de octubre del 2021.
Por estos motivos, el fiscal Terán proyecta una pena de 31 años y 4 meses de cárcel para el exgobernante.
Detalló que la condena estimada es la sumatoria de los tres delitos que se le imputan: organización criminal (18 años y 4 meses), tráfico de influencias agravado (6 años y 8 meses) y colusión (6 años y 4 meses).