A las 4:47 p.m., ingresó por Mesa de Partes del Congreso la denuncia constitucional elaborada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo Terrones y dos exministros. Acusan al jefe del Estado de liderar una presunta organización criminal desde Palacio de Gobierno para lograr beneficios económicos ilegales.

El documento, que tiene 376 páginas, detalla las pistas que permiten concluir que Castillo es el supuesto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos conocidos como MTC-Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, acumulados en la carpeta fiscal n° 251-2021.

“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, dijo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un pronunciamiento difundido poco después en las redes sociales del Ministerio Público.

Estaba acompañada de todo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, entre ellos el coronel Harvey Colchado, a quien Castillo pidió retirar.

La denuncia incluye también al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, por organización criminal y colusión; y al exministro de Vivienda Geiner Alvarado, por organización criminal.

Benavides señaló que la investigación realizada permitió descubrir que los involucrados obtuvieron beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, cobraron porcentajes de las licitaciones y hubo un uso ilícito de las facultades presidenciales.

 

Exhortó al Congreso a invocar a la Convención de la ONU contra la corrupción, que Perú ha suscrito, para poder acusar a Castillo ante el Poder Judicial. “Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional...”, manifestó la fiscal de la Nación.