En un principio se identificaron 20 obras públicas del Ministerio de Vivienda y Construcción, direccionadas a favor de los empresarios que aportaron en la campaña presidencial de Pedro Castillo. Pero con información de colaboradores eficaces y otros testigos, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ha encontrado otros 13 proyectos adjudicados a los amigos del jefe del Estado (ver recuadro).

Las 33 obras públicas del Ministerio de Vivienda y Construcción destinadas al grupo de financistas de Pedro Castillo, conocidos como Buró Político Presidencial o Los Chiclayanos, suman S/113 millones.

Los 33 proyectos pertenecen al Programa Perú en Marcha, del Ministerio de Vivienda y Construcción, cuyo financiamiento fue aprobado por el mandatario Pedro Castillo y el titular del despacho, Geiner Alvarado López, mediante el Decreto de Urgencia 102-2021, del 29 de octubre del 2021.

Los financistas y amigos del jefe del Estado, con anuencia de este, capturaron el Ministerio de Vivienda y Construcción, designando como titular a Geiner Alvarado. Uno de los integrantes de Los Chiclayanos, Abel Cabrera Fernández, como él mismo lo ha reconocido, fue quien recomendó como ministro a Alvarado. Una vez en el despacho de Vivienda, Geiner Alvarado nombró como jefe del Gabinete de Asesores a Salatiel Marrufo Alcántara, otro miembro de Los Chiclayanos.

Marrufo era el que coordinaba con Los Chiclayanos, o Buró Político del Presidente, la repartija de las obras públicas, como consta en los correos electrónicos y chats que intercambió con la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños, quien renunció por estos hechos.

Por su grave implicación en el caso del Decreto de Urgencia 102-2021, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder logró la detención de Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Nenil Guerrero Medina, y el impedimento de salida del país del exministro Geiner Alvarado. Está en condición de prófugo el amigo y financista del presidente Segundo Sánchez Sánchez.

En la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, se indica que los mencionados cumplieron un papel fundamental para apropiarse ilegalmente de los contratos de obras públicas del Ministerio de Vivienda.