El especialista en temas electorales Óscar Matutti explicó cuáles son los escenarios legales que se abren cuando un candidato elegido decide no asumir el cargo tras los comicios.

A pocos días de conocerse los resultados oficiales al 100 % de la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, Óscar Matutti Sánchez, abogado y especialista en temas electorales, dijo que este proceso ha sido lento en comparación con otros comicios del presente siglo, donde la proclamación solía darse en un plazo de 20 días. 

"Estamos finalizando esta parte del proceso electoral con muchísima controversia... un mes y 5 días después, bastante más de lo que sería jurídicamente aceptable", señaló en una entrevista con RPP.

A su juicio, esta demora es síntoma de una gestión deficiente por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a la cual cuestionó por la "mala organización", los "errores" y la "negligencia" en el contexto de la primera vuelta electoral.

El Senado y el caso López Aliaga

Sobre la anunciada intención del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, de renunciar a su posible escaño en el Senado en medio de los cuestionamientos a los resultados de las elecciones del pasado 12 de abril, Matutti expresó que técnicamente no es posible en este momento:.

"No se puede renunciar a lo que no se ha jurado, a lo que no se ha instalado", afirmó.

Detalló que, si el candidato decide no juramentar, simplemente no asume el cargo y su lugar debe ser ocupado por el siguiente en la lista de su partido siguiendo la cifra repartidora.

Sobre las amenazas de un "desacato masivo" o una renuncia en bloque de la citada bancada conservadora, Matutti sostuvo que no hay antecedentes y calificó la postura de "contradictoria, porque, evidentemente, para qué se presentan a elecciones si no van a acatar las reglas del juego democrático".

El especialista fue enfático también en señalar que, hasta la fecha, las acusaciones, por parte de Rafael López Aliaga, de un supuesto fraude electoral carecen de sustento legal, por lo que instó a los actores políticos a presentar evidencias serias antes de cuestionar la legitimidad del proceso.

"Tienen que presentar pruebas que deben ser debidamente corroboradas y no las hay", concluyó.