Las protestas desatadas a partir del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, y la posterior detención de su promotor Pedro Castillo, no solo le han provocado millonarias pérdidas económicas a los peruanos.

La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos para Perú21, revela que la violencia desatada en diferentes puntos del país ha afectado a un mayoritario porcentaje de ciudadanos, aunque de diferentes formas.

Las protestas desatadas a partir del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, y la posterior detención de su promotor Pedro Castillo, no solo le han provocado millonarias pérdidas económicas a los peruanos.

La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos para Perú21, revela que la violencia desatada en diferentes puntos del país ha afectado a un mayoritario porcentaje de ciudadanos, aunque de diferentes formas.

Así, mientras algunos han sido víctimas de golpes o heridas en las manifestaciones, otros se han visto impedidos de viajar o de trasladarse de un lugar a otro, o han sufrido la escasez o el incremento en el precio de algunos productos, con la consecuente repercusión negativa en su economía familiar.

En ese contexto, además, el sondeo da cuenta de que un 34% de peruanos cree que hubo víctimas mortales en los ataques a los aeropuertos de Juliaca y Ayacucho debido a que la presidenta o el premier dieron órdenes de “disparar a matar para restablecer el orden”.

Aunque también el 21% sostiene que ese resultado se produjo porque algunos militares o policías sintieron amenazadas sus vidas ante la cantidad de gente que participó en los ataques y un 19% porque los efectivos a cargo de las operaciones sintieron que sus vidas corrieron riesgo ante la violencia de los atacantes.

Igualmente, hay un 49% que califica como “excesivo” el desempeño de la Policía para hacer frente a las protestas. Esta cifra sube al 60% en el ámbito rural.