Mediante Ley Nº 32493 (publ. 06.11.25; vig. conforme lo indique la norma) se aprobó cambios en los criterios de priorización aplicables al pago de sentencias judiciales firmes a cargo del Estado. Esta modificación tiene como finalidad reforzar la atención preferente hacia las personas en situación de vulnerabilidad y garantizar una gestión más humana y equitativa en el cumplimiento de las obligaciones judiciales.

La reforma recae sobre el artículo 2, numeral 2.1 de la Ley 30137, que regula el orden de prioridad para la atención de los pagos derivados de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. El nuevo texto mantiene la clasificación por materias, estableciendo un orden que prioriza primero las sentencias en materia laboral, luego las previsionales, seguidas por las correspondientes a víctimas en actos de defensa del Estado y violaciones de derechos humanos, posteriormente las deudas de carácter social y, finalmente, aquellas no comprendidas en los numerales anteriores.

Además, la norma refuerza el enfoque social al disponer que, dentro de los cuatro primeros grupos de prioridad, se debe dar preferencia en el pago a los acreedores que sean mayores de sesenta y cinco años o que padezcan enfermedades en fase avanzada o terminal. Estas condiciones deben ser debidamente acreditadas mediante un informe médico elaborado por especialistas del Ministerio de Salud o de ESSALUD, y refrendado por el jefe de la institución correspondiente.

De manera alternativa, cuando se trate de acreedores pertenecientes a la Policía Nacional del Perú o a las Fuerzas Armadas, el informe puede ser suscrito por especialistas de salud de los establecimientos médicos de dichas instituciones, siempre que esté refrendado por el jefe del establecimiento.