El Congreso aprobó la Ley N° 12255, Ley del Presupuesto Público 2026, por un total de S/ 257.562 millones, lo que representa un incremento de 2,29% respecto al 2025. Sin embargo, pese a que en 2024 el crecimiento fue de 4,6% y en años previos el promedio anual rondaba el 7%, la aparente moderación en el aumento viene acompañada de un cambio relevante en la composición del gasto: la planilla pública continúa expandiéndose en detrimento de la inversión. Desde 2019, el gasto destinado a personal y obligaciones sociales pasó de representar el 29% del presupuesto a equivaler al 36% para el próximo año.
Uno de los elementos más llamativos del presupuesto aprobado es el incremento asignado al propio Congreso. Frente a lo planteado por el Ejecutivo, el Parlamento elevó en 39% su presupuesto institucional, que ascenderá a S/ 1.735 millones en 2026, un aumento de 26% frente al 2025. Ningún otro sector del Estado registra variaciones al alza de esta magnitud. En contraste, áreas como salud y transporte reciben menos recursos que en la propuesta original: salud pierde S/ 145 millones (-0,4%) y transporte S/ 232 millones (-1%). Más allá de la instalación del Senado —incluida dentro de esta alza—, el Presupuesto Institucional de Apertura de la función legislativa ya había crecido 123% entre 2021 y 2025, lo que evidencia una trayectoria expansiva incluso previa a la reforma bicameral.
El informe también resalta que el Congreso incorporó 74 disposiciones adicionales al proyecto enviado por el Ejecutivo, muchas de las cuales expanden gastos permanentes sin evaluación técnica. Se crean nuevas unidades ejecutoras, se flexibilizan controles y se otorgan excepciones que incrementan el costo del Estado sin garantizar mejoras en su desempeño. Además, el Parlamento se exonera de al menos diez restricciones normativas, pese a que el artículo 79 de la Constitución prohíbe aumentar el gasto público salvo en lo que concierne a su propio presupuesto, facultad que —según el análisis— viene utilizándose con discrecionalidad.
El riesgo de que el Congreso amplíe reiteradamente su presupuesto no se limita al monto asignado, sino al impacto institucional que esto genera: normaliza que quienes deben fiscalizar el gasto público puedan, a la vez, autoasignarse mayores recursos sin controles equivalentes. Esto reduce la capacidad del Ejecutivo para resguardar el equilibrio fiscal y debilita la lógica de contrapesos que debería ordenar la gestión del Estado.
En un contexto en el que el gasto rígido crece, el margen para atender emergencias, financiar infraestructura o fortalecer servicios públicos se reduce. Más planilla implica menor espacio para la inversión y menos capacidad para responder a las prioridades del país. El documento advierte que permitir que el presupuesto continúe utilizándose como herramienta política antes que técnica encarece al Estado y disminuye su eficiencia, con un costo que termina asumiendo la ciudadanía.
La discusión sobre el presupuesto no se limita a cifras: también toca la calidad de la democracia y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y, según el análisis, ambas se ven comprometidas cuando los cambios aprobados priorizan intereses propios por encima de las necesidades nacionales.
En teoría, el presupuesto es la herramienta que ordena las prioridades nacionales, permite la administración económica y financiera del Estado y garantiza que el dinero de todos se utilice donde más falta hace. Pero, cuando el Congreso modifica el presupuesto para favorecerse a sí mismo, ese pacto se rompe. Lo que debería ser un instrumento técnico se convierte en una mesa de partes para intereses propios.
Este incremento no llega solo: el Parlamento añadió 74 disposiciones adicionales al proyecto del Ejecutivo, muchas de ellas para expandir gastos permanentes sin evaluación técnica. Nuevas unidades ejecutoras, más excepciones a las reglas de control, más decisiones que elevan el costo del Estado sin comprometer mejoras reales en su desempeño. Además, el mismo Congreso dispone para sí mismo la exoneración de al menos 10 restricciones normativas.
Todo ello vulnera el artículo 79 de la Constitución, que precisamente prohíbe al Congreso aumentar el gasto público, salvo en lo que concierne a su propio presupuesto. Y esa excepción, que debería usarse con responsabilidad, se ha transformado en una puerta abierta para la discrecionalidad y el abuso.
El peligro de permitir que el Congreso haga lo que quiere con su presupuesto va más allá de la cifra aprobada. Significa normalizar la idea de que quienes deben fiscalizar el gasto público pueden, al mismo tiempo, autoasignarse más recursos sin rendir cuentas. Significa debilitar el rol del Ejecutivo como garante del equilibrio fiscal. Significa, en última instancia, romper la lógica de un sistema donde el poder se controla mutuamente.
Y mientras el Congreso se fortalece como máquina de gasto, el Ejecutivo observa en silencio. Esa permisividad no es gratuita: deteriora la gobernanza fiscal y reduce el margen para invertir en aquello que realmente aporta crecimiento y bienestar. Más gasto rígido implica menos capacidad de respuesta ante emergencias, menos escuelas y carreteras, menos recursos para enfrentar la pobreza o impulsar la economía.